Política Chile

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Víctor Pérez: De alcalde designado por Pinochet a ministro de Piñera acusado constitucionalmente

Hoy el gobierno vive un nuevo problema al proceder la votación en la cámara de diputados por la acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez. De votarse afirmativamente se suspendería del cargo a Pérez y asumiría el subsecretario Galli como ministro subrogante. ¿Cómo se llegó a esta nueva acusación constitucional contra el ministro del interior y quién es Victor Pérez?

Martes 3 de noviembre de 2020

Luego de la aprobación del retiro del 10% de las AFP, Piñera decidió renovar parte de su gabinete para salir “mejor preparado” de la derrota que significó esta política impulsada por la oposición parlamentaria y muy sentida en la población, que incluso llevó a sectores de los portuarios a hacer el llamado de aprobarla. Pérez llega en ese contexto, a desempeñar el rol de jefe del gabinete para cohesionar a Chile Vamos. Como se supo, la elección de Pérez para aquel ministerio vino de la mano de un ajuste de cuentas entre los propios partidos empresariales, donde la UDI se sentía en desventaja al no tener ministros en puestos dirigentes o de mayor peso en el gobierno, después de la salida de Chadwick.

El actual ministro acusado fue parte activa de las movilizaciones contra el gobierno de la UP en Concepción, lugar donde nació y donde estudió derecho, y apoyó la dictadura de Pinochet incluso llegando a ser alcalde designado por Los Ángeles. Fue amigo y cercano del colono alemán Paul Schäfer, quien violaba niños y niñas dentro de la colonia y prestó el lugar para que los militares en dictadura lo usaran como centro de torturas.

Luego de ser alcalde designado por Pinochet durante siete años, en los 90´ fue electo como diputado independiente por la región de Bío-Bío. Fue parte de la fundación del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), partido por el cual tuvo tres reelecciones como diputado, y desde el 2005 fue elegido como senador por la región, cargo que ocupó hasta agosto de este año al asumir como ministro.

Es un pinochetista puro y duro, reconocido en el ambiente del establishment por ser un férreo opositor y persecutor -como diputado y senador- de los gobiernos de Lagos y Bachelet, aunque también tiene vínculos con militantes de partidos de oposición con los que ha compartido la cocina parlamentaria para hacer leyes al servicio de los empresarios que los financian.

Se ha mostrado públicamente que dentro de la UDI es cercano a la presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, siendo parte de la derecha que encabezó la política del Rechazo y “contra la violencia” de la Rebelión Popular tratando de criminalizar la movilización para salvar los pilares del régimen heredado de la dictadura tan odiados por el pueblo.

Fue junto al ex senador, ahora ministro, Andrés Allamand, uno de los fervientes opositores al retiro del 10% de las AFP, diciéndoles incluso a los diputados de su mismo partido que si votaban a favor se estarían “autoexcluyendo de la UDI”, o sea que dentro de los principios del partido está el no tocar en nada al sistema nefasto y usurero que son las AFP.

También fue un férreo defensor de Andrés Chadwick cuando lo acusaron constitucionalmente por su rol como ministro del Interior en la Rebelión, y dijo en su defensa que “en la historia reciente de nuestro país no ha habido un Ministro del Interior que haya hecho más por los temas de seguridad y orden público”. Para no creer.

Este ministro hoy es acusado principalmente por dos cosas: la primera es el rol que jugó durante el paro de empresarios dueños de camiones donde hizo la vista gorda y permitió que se movilizaran incluso siendo escoltados por helicópteros y patrullas de carabineros, mientras reprimían las “protestas del hambre” o distintas manifestaciones que se dieron en territorios o plazas alrededor de Chile. Y como segunda, su responsabilidad política ante el criminal ataque de carabineros a Anthony, joven de 16 años lanzado al río Mapocho.

La derecha completa se ha cuadrado por la defensa del ministro y ya anuncian que votarán en contra de la acusación, de hecho Piñera salió a decir que Víctor Pérez es un ministro inocente. Por otro lado la oposición parlamentaria busca ganar la votación y ya aseguran tener 80 votos, o sea los suficientes para que avance. Como sea que resulte la acusación, tenemos que recordar que esta ha sido una práctica recurrente de la oposición, acusando a los anteriores ministros del interior, Chadwick y Blumel, así como a Mañalich y al intendente de la R. Metropolitana, Felipe Guevara, mostrando lo inservible que es este método institucional para enfrentarse realmente a la derecha.

Chadwick renunció antes de ser “juzgado” por las cámaras y quedó solo inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, cuando él es junto a Piñera el principal responsable político de la línea represiva del gobierno y de las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, PDI y carabineros. Responsables políticos de haber dejado a cientos de compañeros y compañeras mutiladas, especialmente en sus ojos, decenas de torturadas o asesinadas, y de mantener aún hoy presos políticos en pésimas condiciones sanitarias y sin siquiera visitas de sus familiares.

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Chadwick renunció al ministerio pero hoy sigue ejerciendo un importante papel político dentro de la derecha y del gobierno porque es el presidente de la fundación de Sebastián Piñera “Chile Avanza” y convocado para dirigir la fallida campaña por el Rechazo. El resto de acusados por la oposición salieron libres de polvo y paja.

Esto es solo un recordatorio para que quede claro que por la vía institucional no se le darán fuertes golpes a la derecha, sino que golpes que a los más, llegan a ser simbólicos. Una manera más realista para hacer que Víctor Pérez, Piñera y su gobierno paguen es retomando el camino del paro nacional del 12 de noviembre, para organizar una gran huelga general que parta por terminar con la represión, por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta y por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos. Para esto es necesario que la CUT, el Colegio de Profesores, la CONFECH dejen su tregua con el gobierno y convoquen a discutir en las bases y a movilizaciones.

Solo una política así, que parta desde la lucha de clases podrá imponerse ante los políticos y los empresarios que están detrás de ellos, que se defienden con las fuerzas especiales y los militares. La potencialidad de la clase trabajadora y del pueblo organizado para paralizar ya se mostró el 12 de noviembre, hoy el desafío es potenciarlo, organizar una verdadera huelga general para sacar a Piñera y al gobierno y poder así avanzar hacia una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que nazca desde las cenizas del régimen heredado de la dictadura.






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