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Red Internacional

Convención Constitucional. Un nuevo cronograma para la cocina de esta "tercera cámara"

El cronograma propuesto por la Mesa de la Convención asume de antemano el plazo delimitado por el Acuerdo por la Paz: una planificación para los 9 meses ordinarios más los 3 de prórroga. El texto constitucional estaría listo a finales de junio, dos semanas antes del último día de la Convención fijada para el 5 de julio del 2022.

Viernes 29 de octubre de 2021 | 12:21

Ayer jueves en la tarde se discutió -sin someterse todavía a votación- el cronograma de la Convención de aquí hasta su plazo final. La propuesta, que había comenzado a discutirse desde el jueves pasado en la Mesa encabezada por Elisa Loncón, la Mesa Ampliada y los Coordinadores de las Comisiones, fue presentada ayer por Rodrigo Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica de la Convención, a todo el pleno reunido ayer en sesión extraordinaria.

Hace unos días el convencional Manuel Woldarsky (ex Lista del Pueblo) propuso que la Convención tuviera al menos dos años para hacer su trabajo. Esta propuesta, que pone en cuestión el plazo “cocinado” por el Acuerdo por la Paz, inmediatamente fue rechazada tanto por la mesa como por los partidos del régimen dentro y fuera de la convención, especialmente por la derecha, pues ven que lo más conveniente para conservar la herencia de la dictadura es que el órgano constituyente desaparezca de la escena política lo antes posible.

El vicepresidente Jaime Bassa, perteneciente al colectivo del Frente Amplio de Boric, el cual ha ido moderando su programa convencional y presidencial votando junto a la ex-concertación y sectores de la derecha, declaró en Canal 13 que "sería hasta algo irresponsable con la ciudadanía que nos ha dado un mandato muy claro para redactar un proyecto de nueva constitución dentro de los plazos establecidos". Un “mandato de la ciudadanía” que, en realidad, es el mandato establecido por el artículo 137 en la vieja Constitución y el parlamento de los partidos de los 30 años.

Bermudez presentó la propuesta de la mesa al pleno:

Son 36 semanas en que hay que distribuir el trabajo de las comisiones, el trabajo de los plenos, el trabajo que cada uno de ustedes como convencionales realizan con sus equipos de trabajo, con sus grupos como están organizados dentro de la Convención y, también, las salidas a terreno, las audiencias, la participación popular, la participación indigena. También considera, eventualmente -y esto solamente como eventualidad, pero no lo podíamos dejar fuera de un cronograma-, que se realizara un plebiscito dirimente. Eso no es facultad de la Convención, lo tenemos muy claro como Secretaría Técnica, sino que es facultad de una reforma constitucional que sería aprobada en el Congreso. Pero no podíamos hacer caso omiso a eso que está en el reglamento para la elaboración de esta propuesta de cronograma.

En el texto del cronograma se enfatiza la importancia de la participación popular, “tanto en lo que se refiere a la presentación de iniciativas populares constituyentes, como en la posibilidad de que se produzca una participación efectiva durante el período de trabajo de comisiones”. Sin embargo, recordemos que las iniciativas populares constituyentes no son vinculantes: pueden ser presentadas -desde el 8 de noviembre según la propuesta de cronograma- juntando 15.000 firmas en al menos 4 regiones, que deberán ser aprobadas por la Comisión de Participación y, posteriormente, aprobadas en el pleno de la Convención y la Comisión de Armonización como cualquier otra propuesta de norma constitucional. En pocas palabras, se trata de un mecanismo muy limitado.

Según el cronograma propuesto, el pleno de la Convención tendría hasta enero una sesión ordinaria por semana, usualmente los miércoles en la tarde, como plenos deliberativos. Luego vendrían plenos para votar las normas del texto constitucional, distribuidas en 12 sesiones ordinarias entre el 11 de enero y el 31 de marzo, y el 20 de abril para las normas rezagadas que, aunque aprobadas por la mayoría, no alcanzaran el quorum de ⅔ en la primera votación. El 27 de abril la mesa entregaría el proyecto de Constitución y, al día siguiente, se constituiría la Comisión de Armonización que durante mayo ordenaría los artículos aprobados, revisaría las inconsistencias y elaboraría una propuesta para su solución. El 7 de mayo se propone como fecha tentativa para un eventual plebiscito dirimente para votar las propuestas de normas que en segunda votación no alcanzaran los ⅔ (66%), pero sí ⅗ (60%) de los convencionales. En junio se discutirían las indicaciones emanadas de cada Comisión a la propuesta elaborada por la Comisión de Armonización. Finalmente, la semana del 20-24 de junio, el pleno votaría la propuesta final del texto constitucional para ser presentado en el plebiscito de salida.

En el plebiscito de salida, por sufragio universal, las y los ciudadanos chilenos mayores de 18 años podrán votar el rechazo o apruebo de la nueva Carta Magna: o conservar la actual Constitución de Pinochet, o bien reemplazarla por la única propuesta que, durante meses, “cocinó” una Convención que le ha dado la espalda a las demandas de octubre, que ha respetado desde el comienzo la impunidad de un gobierno criminal y que se ha subordinado a los poderes constituidos. Un verdadero chantaje que recuerda a la “alegría” que nunca llegó con la reforma constitucional de la Transición a la Democracia.

¿Hay otra alternativa?

Ni una sola demanda urgente de la Rebelión de Octubre ha sido respondida. Todo lo contrario. Se ha profundizado la miseria social y la precariedad laboral, mientras el puñado de familias dueñas del país han aumentado sus fortunas y sido rescatados de la crisis a costa del tesoro público, y la salud y el trabajo de millones. Piñera y los políticos de los partidos de los 30 años no solo se han conservado sus puestos, sino que quedaron todos ellos en la más plena impunidad frente a sus crímenes cometidos durante la revuelta.

Se militariza hoy la Araucanía para reprimir las justas reivindicaciones del pueblo mapuche. Se bloquea hoy la ley de indulto a los presos políticos por luchar. Se mantiene una agenda represiva en curso, con miles de procesados de la revuelta y mapuche, cientos de ellos en las cárceles y decenas de familias esperando justicia por sus muertos.

El proceso constituyente se ha desarrollado desde el comienzo en medio de estados de “excepción” constitucional permanentes ¡la medida más dictatorial conservada por la Constitución de Pinochet, siendo aceptada por todos los partidos del régimen, incluido el Frente Amplio y el Partido Comunista!

Ante la ofensiva reaccionaria de la derecha contra el proceso constituyente, para frenar el más mínimo atisbo de cambio respecto de las imposiciones del viejo régimen, Apruebo Dignidad (PC, FA) no encuentra otra alternativa que desmentir la desilusión de sectores cada vez más amplios ante este proceso amañado y vociferar a los cuatro vientos “la Convención se defiende”. Y solo vociferar, pues los meses que siguieron al 15 de noviembre no hizo un solo llamado serio a movilización. El FA no solo cede a la derecha, sino que además ha votado junto a ella una y otra vez el respeto al gobierno y la institucionalidad que oprime al pueblo trabajador.

Aunque convencionales como Barbara Sepúlveda (PC) llamen a la Convención Constitucional “un poder constituyente originario, soberano”, la verdad es que su exclusiva labor ha sido, en el papel y en los hechos, redactar el texto de una nueva constitución siguiendo las reglas impuestas por la constitución de la dictadura y por los poderes constituidos. En estos casi 4 meses el órgano constituyente que fue creado a imagen y semejanza del parlamento [1], asumió su abyecto papel de conformarse como una tercera cámara exclusivamente redactora constitucional aceptando todos los límites que le impuso el pacto del 15N que salvó a Piñera y el régimen de los 30 años. Y esto ha sido con ayuda de un sector de la “izquierda” en la Convención que llega incluso a aprobar el quorum de ⅔ de Jaime Guzmán.

Frente a una Convención Constitucional amañada y restauradora del régimen de los 30 años en crisis, es necesario volver a retomar la demanda por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Esta solo puede conquistarse con la movilización de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y todos los sectores oprimidos. Movilización que puede partir por la unificación de las demandas de las distintas luchas en curso.

Por ejemplo, hoy el capital financiero y los oligopolios comerciales suben los precios de las mercancías básicas. Ante la inflación en curso y que amenaza, los convencionales se quedan de manos cruzadas, cuando ellos mismos reciben una dieta millonaria que se ajusta automáticamente según el IPC. Sus 50 UTM mensuales, que actualmente equivalen a $2.673.800, han aumentado un 2,5% en tan solo 4 meses, sin contar las asignaciones. Un ingreso que, a pesar de ser un tercio de lo que ganan los parlamentarios, perciben menos del 3% de los ocupados en Chile (esto según el INE, que incluye entre los "ocupados" a los empresarios). Se excusan que ellos no pueden cambiar sus sueldos, que esta sería una atribución exclusiva del parlamento. Confirman otra vez ahí su disposición a arrodillarse ante los poderes constituidos. Y comprueban hasta que punto son "anticasta".

¿Por qué los cargos políticos son millonarios en vez de recibir sueldos equivalentes al salario de una profesora o un trabajador calificado? ¿Por qué su privilegio de tener reajustes inflacionarios automáticos no es un derecho de todos los trabajadores? ¿Por qué hoy solo una lista parlamentaria, la del Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora, propone y se compromete a impulsar la lucha por algo tan elemental como esto?


[1La cámara de diputados, con el patrocinio del gobierno, creó el 15N un órgano a su imagen y semejanza: mismos 155 escaños, misma distribución distrital, mismo sistema electoral, misma falta de mandato y revocabilidad por las base, y sueldos un poco menos millonarios. Las únicas diferencias, en cuanto a la forma, fueron los escaños reservados a pueblos originarios, el doble mecanismo de paridad de género -que tuvo como resultado disminuir la integración de las mujeres elegidas-, y una aminoración de los requisitos para la inscripción de candidaturas y listas de independientes.





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