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Red Internacional

Un 87% de los encuestados reconoce que durante la tramitación legislativa de la viciada ley hubieron situaciones irregulares que la hicieron quedar con nula legitimidad. La ley benefició a la gran industria pesquera, entre los que destaca el Grupo Angelini, principal controlador de Corpesca.

Patricio ConchaTalcahuano / @patricio_concha

Sábado 14 de octubre de 2017 | 00:58

Se realizó entre el 31 de julio y el 7 de agosto, Cadem realizó un estudio solicitado por la empresa Lota Protein, donde se demuestra el alto interés e ingreso definitivo al debate público de la ley de Pesca y Acuicultura del año 2013.

Un 76% afirma tener conocimiento sobre ella, mientras que sólo un 23% dice no conocerla. También se consultó respecto la imagen que se tiene de la ley, a lo cual la gran mayoría indicó que es muy negativa: un 67% la califica como mala.

Lo anterior se explicaría por el directo provecho que produjo a la gran industria pesquera; la parte mayúscula de los encuestados la vincula al beneficio de las grandes empresas (83%) en detrimento de otros actores relevantes. Es más, un 74% cree que perjudica a las PYMES y un 85% piensa que perjudica a la pesca artesanal.

La denominada Ley Longueira goza de escasa legitimidad, puesto que se eleva a un 87% quienes creen que durante su tramitación legislativa hubo irregularidades por parte de parlamentarios para favorecer intereses de los gremios pesqueros, entre los que destaca el Grupo Angelini, principal controlador de Corpesca S.A.

Debido a lo anterior, un 78% sostiene que es necesario que se caduquen los derechos o cuotas pesqueras entregadas a las empresas industriales en la actual Ley a perpetuidad durante el gobierno de Sebastián Piñera y con la venia de su ministro de Economía, Pablo Longueira.

Finalmente, en un posible escenario de debate en torno a una nueva Ley de Pesca, los consultados destacan 3 aspectos relevantes para la misma: Primero, darle protección a la pesca artesanal (45%); segundo, terminar con la exclusividad de los derechos de pesca para la gran industria (41%); y, tercero, velar por la conservación y sostenibilidad de los recursos pesqueros (33%).




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