Política Chile

OPINIÓN

Si no nos mata el gobierno, nos matan los empresarios

Este es el mejor ejemplo de como actúa la justicia. El empresario maulino Francisco Fuenzalida Calvo, quien encontrándose formalizado por el asesinato de José Miguel Uribe, le es aprobado un recurso de amparo por la Corte de Apelaciones de Talca, quedando finalmente con presido domiciliario y arraigo nacional. Penas totalmente indignantes, ante la magnitud de los hechos cometidos por el imputado.

Miércoles 21 de abril

A tres días de la gran revuelta iniciada el 18 de octubre del 2019 en la región del Maule, se acreditan hechos que históricamente están rebozados en la suprema batalla que tiene la política empresarial de Chile contra las y los trabajadores. Incluso, con cualquier ciudadana o ciudadano que no pertenezca a los círculos empresariales y de elite; o simplemente del poder que se les asigna socialmente.

Ejemplo de esto es el caso del empresario maulino Francisco Fuenzalida Calvo, quien encontrándose formalizado por el asesinato de José Miguel Uribe, le es aprobado un recurso de amparo por la Corte de Apelaciones de Talca, quedando finalmente con presido domiciliario y arraigo nacional. Penas totalmente indignantes, ante la magnitud de los hechos cometidos por el imputado.

La excusa es clara: en este país la justicia avala a quienes tienen el poder económico guardando sus espaldas y blindando cualquier acto, desde el asesinato de un trabajador, hasta lograr su posterior impunidad en los tribunales.

Tal parece que la “tenencia responsable” no es más que una farsa hecha a la medida de quienes utilizan las leyes a su favor, cuando la ocupan en contra de quienes día tras día ven vulnerados sus derechos.

Es la humillación hacia la clase trabajadora; los privilegios de la clase acomodada: es decir la diferenciación de aquellos que poseen privilegios ante ley, de quienes no lo tienen.

Se cierran investigaciones, se cierran puertas judiciales, y los procesos quedan impunes como en los peores años de dictadura, sello del Chile de los 30 años.

Pareciera que esta imparcialidad que muchas veces intenta arrogarse el poder judicial, es la consagración de quienes tienen más para aplastar a quienes tienen menos; entre los que tienen más de lo que pueden gastar y los que trabajamos para poder vivir dentro de un sistema de desigualdades; dicotomías que da a luz absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor social, rebasando toda razón y dejándonos en total desamparo: lo alto y lo bajo; lo cierto y lo certero; por la razón o la fuerza.






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