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Red Internacional

Una discusión postergada que se retrasa en la Cámara de Diputados, que no estuvo exenta de polémica por iniciativas de apoyo dentro del proyecto a la defensa jurídica para Carabineros.

Domingo 27 de diciembre de 2020 | 01:41

Tras un intenso debate se retrasó la tramitación final del proyecto de reajuste salarial al sector público. Con el tiempo establecido, sólo lograron revisar un primer trámite, teniendo como fecha próxima la semana que viene para trabajar especialmente este tema.

Fue finalmente despachado el texto legal por parte de las y los senadores, que considera un reajuste escalonado, para quienes trabajen en la administración pública y un bono especial covid-19 para el personal de salud, en medio de la emergencia sanitaria. También un beneficio de término de conflicto para las y los trabajadores con remuneraciones inferiores a los 2 millones de pesos.

Todo esto, sigue siendo totalmente insuficiente para quienes, desde distintas áreas como la salud y la administración pública de servicios, fueron la primera línea para enfrentar la pandemia. Exponiendo sus vidas directamente, donde hasta el momento el gobierno solo se ha limitado a dar reconocimientos absurdos, como aplausos y felicitaciones, mientras no dudó un segundo en inyectar recursos en represión.

Precisamente, en medio de toda esta discusión, otro punto que fue respaldado por los votos de la “oposición”, principalmente de parte del PPD, Felipe Harboe y Jorge Pizarro con Carolina Goic, desde la DC, quienes con 15 votos contra y 16 a favor, permitieron al Departamento de Bienestar de Carabineros, realizar contrataciones a través de un seguro para la defensa jurídica de sus funcionarios.

Sabemos que esta defensa, será para intentar seguir manteniendo la impunidad con la que el gobierno le da espacio a la institución de Carabineros, para violar los Derechos Humanos.

Mientras que para aumentar el presupuesto a las y los trabajadores que han estado al frente, en medio de la pandemia, sólo existe una política para financiar la represión por parte del gobierno y precariedad laboral. Dejando en claro cuales son las prioridades de este gobierno criminal.

El proceso constitucional en curso, ha desviado toda la fuerza de las movilizaciones, que muchas veces encabezaron las y los trabajadores del sector público y la salud, en donde se pudo haber conquistado las condiciones necesarias para seguir trabajando y enfrentar esta nueva etapa de la crisis.

Se hace necesario, que las grandes centrales sindicales hagan un llamado a convocar a un paro nacional, con el que las y los trabajadores del sector público, puedan decidir y conquistar sus demandas, no a la medida que le pone este gobierno empresarial de conjunto, al parlamento, quienes solo buscan mantener toda la fuerza de uno de los sectores más importantes, en pausa, para seguir ayudando al gobierno con una “estabilidad” en medio de una gran desaprobación.




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