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Segundo paquete económico contempla congelar el gasto público: no habrá más recursos para salud pública

El segundo paquete del gobierno frente a la crisis sanitaria contempla como uno de sus ejes el congelamiento del gasto público. Piñera es un demagogo, miente y manipula con palabras, dice concentrarse en los mas vulnerables pero salva en sus medidas a los más poderosos a costa de precarizar la salud y educación pública.

Gabriel Muñoz

Licenciado en Historia

Sábado 11 de abril | 10:29

El segundo paquete anunciado por Sebastián Piñera este 8 de abril se basa en dos ejes principales 1) un fondo estatal como garantía para créditos para empresas privadas 2) reducción del gasto público. Todo el foco ha sido puesto en los créditos y aportes a empresas privadas ya que el primer paquete estuvo centrado en empleo, autorizando suspensiones y sueldo de seguro de cesantía. El estimulo del segundo paquete es 10 veces más grande que el primero, y vuelve a demostrar el carácter de clase del gobierno actual: para las empresas hay 10 mil millones de dólares para rescate, 3 mil millones de dólares de garantía estatal para todo tipo de empresa que solicite créditos (hasta por 20 mil millones de dólares). Las prioridades son salvar los negocios y que por mientras dure la crisis, el valor de la mano de obra caiga.

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Sin embargo el segundo paquete no es sólo rescate a las empresas. Es aún más grave. El segundo eje trata sobre gasto público. El presidente anunció que las compras estarían impedidas para servicios, departamentos y sistemas públicos. En el discurso se centró en tratar este punto como "impedir ascensos de grado en el sistema público". El Ministro de Hacienda Ignacio Briones dijo a Diario Financiero textual: "Hay que hacer un sacrificio. Todos tenemos que pagar costos. Estamos congelando contratación, cualquier aumento de sueldo (…) congelando cualquier compra de vehículos y mobiliario (…) reasignando recursos de ciertos programas".

Esto justificará despidos. Y Ahora ningún ente fiscal podrá comprar insumos médicos de emergencia como mascarillas, maquinaria de alta complejidad como ventiladores mecánicos o test de detección del virus. La salud se va a quedar con lo que hay.

En educación el panorama también es gris. Actualmente JUNAEB cada 15 días distribuye cajas de alimentación que actualmente son entregadas por el personal de alimentación, asistentes y profesores. Y es bastante precaria. Contempla sólo a un beneficiado, la tabla nutricional es carente de vitaminas y proteína, y en general es alimento envasado. Además de entregarse con una logística ineficiente, razón por la cual llegan tarde y se entregan tarde.

Y el gobierno es experto en engañar: el segundo eje no es llamado "reducción del gasto", sino "refuerzo del presupuesto de salud". ¿Y en que consiste? En realidad no es una inyección de recursos. Se trata del uso del 2% constitucional para suplir gastos derivados de la emergencia. Lo contradictorio es que el gobierno prohíbe compras de insumos. Podría tratarse de una forma de controlar qué se compra y a dónde se distribuye, quitando autonomía a los centros asistenciales. También el 2% constitucional será parte del presupuesto para todo el paquete, es decir, no es un fondo exclusivo para salud pública. Y el gobierno sigue sin resolver otra interrogante ¿A quién va a comprar camillas, mascarillas, test o ventiladores, si los productores mundiales están cerrando la oferta para países latinoamericanos?

El gobierno negó rotundamente entonces aumentar el gasto público que sería lo lógico si dice estar "con los más vulnerables". Es decir, el Estado no puede producir nada, y que en hospitales se las arreglen como puedan. Para peor se ha permitido que los grandes empresarios de la CPC con el pinochetista Juan Sutíl arrojen migajas cubriéndolas como donativos para la salud pública.

Este gobierno es un demagogo, miente y manipula con palabras, dice concentrarse en los más vulnerables pero salva en sus medidas a los más poderosos y a costa de precarizar la salud y educación pública. Piñera está embarcado en una verdadera guerra de clase contra los trabajadores y pobres de este país.

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Se necesita por el contrario un plan de emergencia que parta de cuestiones mínimas como evitar la precariedad en los hogares durante la crisis sanitaria. Todo hogar debería tener garantizado un ingreso. Por eso hay que prohibir los despidos, ninguna rebaja salarial, y un salario de emergencia para trabajadores informales. Estas medidas pueden ser financiadas íntegramente por medio de un impuesto de 20% a las riquezas de las familias de los 10 grupos económicos más poderosos de Chile. Esta sola medida alcanzaría incluso para construir hospitales de emergencia, como hicieron países asiáticos.

De fondo se trata también de sacar de la precariedad a los hospitales y centros asistenciales. Es necesario unificar el sistema privado y público mientras dure la emergencia, bajo control de sus trabajadores y profesionales. No es posible que existan recursos en este país y el gobierno impida compras de insumos. Hay que reconvertir la industria del país, expropiar toda gran empresa que cierre temporalmente para lucrar con la emergencia, y abrirla para producir los insumos necesarios.






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