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Red Internacional

COLUMNA DE OPINIÓN.Ley de indulto: Senadores quieren negarlo, pero en Chile sí hay prisión política

Iniciado el debate de la ley de indulto la derecha y sectores de la oposición insisten en que no existen presos políticos. Pero la realidad represiva en Chile dice otra cosa.

Miércoles 23 de diciembre de 2020 | 02:06

Ayer se inició la discusión de la ley de indulto para los presos de la revuelta en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (compuesta por Juan Ignacio Latorre, RD; Alejandro Navarro, PRO; Adriana Muñoz, PPD; Iván Moreira, UDI; Felipe Kast, Evópoli). Al ser la primera, esta fue una jornada principalmente de exposición.

En ese marco nos encontramos con declaraciones realmente inaceptables: El Ministro de Justicia y DDHH Hernán Larraín, el mismo que tenía vínculos con Colonia Dignidad y defendió a Paul Schäfer dijo que el proyecto “favorece la impunidad de personas que cometen delitos por razones políticas.”

Después el pinochetista Iván Moreira tuvo el descaro de decir que “busca, equivocadamente, un premio a la impunidad a aquellos que destrozaron el país durante el estallido social”, cuando precisamente la impunidad ha sido a favor de quienes destruyeron y vendieron el país durante la dictadura militar, sosteniendo esto en la sistemática violación a los Derechos Humanos.

La discusión todavía seguirá en la Comisión, pero como se ha señalado es complejo el escenario cuando ya 5 senadores de oposición rechazaron el proyecto, el gobierno anunció veto presidencial y han intentado instalar la idea de que no hay presos políticos en Chile.

En ese punto me quiero detener. El supuesto de la no existencia de presos políticos se basa en que los presos de la revuelta han sido encarcelados/formalizados por delitos comunes y no por su ideología, y que la prisión política se considera en caso de que te encarcelen por tu pensamiento.

Pero esta es una falacia que ha utilizado la derecha y sectores de la oposición. Y que otros sectores se han encargado de desmentir a su manera, como el profesor Claudio Nash, el rector Álvaro Ramis, el juez Daniel Urrutia u otros. Lo cierto es que no hay una definición en el derecho internacional sobre la categoría de prisión política. Las miradas son diversas. Pero hay ejemplos claros.

La Comisión Europea con sede en Estrasburgo y la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura del 2005 en Chile señalan una serie de categorías que dan a entender una visión más amplia de la prisión política: existen diversos criterios, tales como el irrespeto a las garantías fundamentales de los detenidos, mayor rigor en las normativas jurídicas aplicadas en los procesos en comparación con otros casos y un largo etcétera.

El abogado de la Agrupación de Familiares de presos políticos de Santiago 1 señaló que existen alrededor de 200 personas privadas de libertad por hechos relacionados con las movilizaciones del 2019 y poco más de 5 mil formalizados. El Ministerio de Justicia habló de 227: 172 formalizados y 55 condenados.

Esto contrasta con los casos de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos contra las fuerzas represivas del Estado: 8.827 denuncias (sin considerar una enorme cantidad que no se realizan), 75 funcionarios formalizados, 25 en prisión preventiva.

Más gráfico no puede ser el hecho de que hay una marcada diferencia. Los presos de la revuelta están detenidos por su participación en la rebelión. Porque el Estado (Ejecutivo, policías, tribunales, etc..) ha querido castigar a quienes protagonizaron la rebelión.

Los ejemplos y los hechos hablan por sí mismos: estos procesos judiciales se desarrollaron en un marco de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo han constatado diversos organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Right Watch.

Por otra parte, se multiplicaron las denuncias de montajes, las detenciones ilegales, se aumentó la cantidad de prisiones preventivas dictadas (se accedió al 84.6% de las solicitudes), se aplicaron medidas más gravosas, hubo ensañamiento judicial y un largo etcétera.

Claramente hubo prisión política. La motivación del Estado fue castigar. Y por eso la lucha por la libertad de los presos de la revuelta se vuelve urgente.
De lo que se trata justamente es imponerle la libertad de los presos políticos a este Parlamento, a esos senadores que hoy quieren hacer que el proyecto naufrague.
Por su parte los partidos como el Partido Comunista o el Frente Amplio aquí no pueden mantenerse estáticos. La presión mediática o el lobby parlamentario es insuficiente. Si dicen querer terminar con los 30 años impugnados en la rebelión, ese discurso deben trasladarlo a las organizaciones sociales y sindicales que dirigen.

Se necesita que la CUT pase de la palabra a la acción, y junto a las grandes centrales sindicales convoquen a un paro nacional por la libertad de los presos.

La experiencia del año pasado nos dice mucho: cuando se muestra la fuerza del pueblo trabajador en la calle, podemos obligar a los partidos tradicionales a cambiar de parecer. Por eso se necesita avanzar en esa perspectiva, un plan de lucha para imponer la total libertad a los presos políticos de la revuelta. Esta es una punta de lanza hoy en la lucha contra la impunidad, la represión y la herencia del dictador que aún pervive.




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