Hasta la fecha van 26 muertos, 7.039 personas damnificadas y 324 albergadas por los incendios en el sur. Existe preocupación por la reactivación de los incendios en el sur que ya han catalogado como de “alto riesgo”. Existe un foco extremadamente preocupante por la cercanía a poblaciones, industrias e incluso a una termoeléctrica
Durante estos últimos días, se ha venido desarrollando una reactivación de los incendios en el sur, principalmente en la región del Bío-Bío. El gobierno a través de sus autoridades de la cartera de vivienda y la delegada presidencial, han buscado manejar la situación con la realización de un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).
Con 21 nuevos focos, 66 incendios activos en las últimas 24 horas. Sin duda una situación de alto riesgo. El avance del fuego va en aumento, sobre todo con las condiciones climáticas que se han vuelto más adversas, que tiene un contagio de 800 a 1 kilómetro de distancia.
Mientras que se buscan coordinar distintas medidas para enfrentar la situación, asimismo como la CONAF ha buscado mejorar sus estrategias para combatir el fuego, sobre todo considerando que siguen siendo amenazadas poblaciones donde viven principalmente las familias trabajadoras, también hay una gran preocupación por las industrias alrededor
¿Qué hace falta para combatir los incendios, pero también para prevenirlos?
Los incendios en el Bío-Bío han dejado ya como saldo 1.472 casas destruidas, siendo una de las regiones con mayor necesidad de viviendas de emergencia y que en este contexto, ha quedado al descubierto el insuficiente e indigno plan para las viviendas que se necesitan, donde al parecer para el gobierno 24 mts2 parecen ser suficientes para las familias trabajadoras damnificadas. Al mismo tiempo, el gobierno busca entregar un bono de $1.500.000, más el desembolso de las municipalidades para entregar apoyo físico y psicológico.
Todo esto es totalmente insuficiente y una migaja para las familias, ya que es importante considerar cómo desde finales de los ‘90 el Estado entrega un subsidio a las empresas forestales de más de 400 millones de dólares hasta el 2014, mientras que a las personas afectadas les entregan indignantes condiciones a diferencia de las grotescas ayudas que le entrega el Estado a las empresas forestales hace años.
Y desde este punto parte el centro del problema, como desde el tiempo de la dictadura, a través del DL 701 el Estado entrega un subsidio a los privados, quienes a través del cultivo de pinos y eucaliptos, especies altamente inflamables y que no son endémicas de la zona implicando mayor uso de los suelos y los recursos hídricos, generando mayor devastación al medio natural y al mismo tiempo, como el negocio forestal tiene consecuencias y responsabilidad directa en los incendios que se vienen produciendo.
Hace unos días, se hablaba incluso desde el mismo gobierno de una posible regulación al negocio forestal y hablaron de "royalty" del cual retrocedieron rápidamente porque sectores de empresarios "golpearon la mesa". Sin embargo el royalty sigue siendo una medida para blanquear y perpetuar el saqueo de los recursos naturales, siendo contraria a medidas de fondo como la nacionalizacion de los recursos naturales.
¿Por qué esta reacción empresarial? En el fondo tiene que ver con que buscan que no se profundice el cuestionamiento sobre el negocio forestal que ha generado el gran ecocidio de los incendios forestales durante esta temporada. Los empresarios saben que a pesar de la tibia declaración del gobierno, deben golpear rápidamente la mesa para evitar cualquier mayor crisis en medio de esta situación.
Es importante tener en cuenta que ni más impuesto o un royalty van a venir a resolver el problema que genera el negocio del saqueo forestal e incluso las mismas condiciones de trabajo que generan para sus trabajadores y trabajadoras, tomando en cuenta la devastación de las tierras para comunidades y poblaciones aledañas.
Debemos tener en cuenta que solo la expropiación y la nacionalización del negocio forestal podrá entregar una forma de producción distinta, no que sea en pos de enriquecer grotescamente a los empresarios forestales, sino más bien que se enfoque en las necesidades de las comunidades y poblaciones de la zona, que esta gestión sea amplia y democrática en beneficio de la clase trabajadora, comunidades mapuche y pobladores.
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