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Red Internacional

AFP. ¿Quiénes ganan con las AFP? El negocio redondo para los grandes grupos empresariales

Rechazo generalizado provocó la aprobación en la cámara de diputados del proyecto para el retiro del 10% de los fondos de los cotizantes en las AFP. El gobierno y la derecha dicen defender a las y los trabajadores, cuando lo que hacen es defender el modelo de capitalización de los grandes grupos económicos que operan en el país. La solución no pasa por bonos mas o menos, sino por acabar con el sistema de capitalización individual y avanzar hacia un sistema de reparto, gestionado por la clase trabajadora y los sectores populares para decidir en qué invertir la enorme cantidad de recursos que maneja el sistema.

Antonio PaezDirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile

Miércoles 15 de julio de 2020 | 02:42

¿Por qué les molesta tanto el retiro del 10% de los fondos de las AFP? Así comienza un hilo en twitter el Magister en Ciencias de Ingeniería Rafik Mas’as para dejar ver el enorme entramado que relaciona a las AFP, los recursos que estas manejan, los partidos políticos que han administrado por años el régimen y los principales grupos económicos del país.

Lo primero que hay que señalar es que el 23,8% del total de recursos que administran las AFP (el fondo acumulado asciende a casi $200.000 millones de dólares) se invierte en 16 grupos económicos/familiares y 18.2% en 10 bancos privados., es decir $47.600 millones de dólares ($37,604,000,000,000 de pesos) van directamente a empresas de las familias Luksic ($5.8billones de pesos), Said ($4.8 billones), Yarur ($4.2 billones), Saieh ($4 billones), Matte ($3.9billones), Solari ($3.3 billones).

Estos enormes volúmenes de dinero ha sido clave en el poder de capitalización que tienen estos grupos, ya que a través de este modelo adquieren recursos frescos constantemente, lo cual les ha permito extender sus operaciones en el país y el mundo.
Este crecimiento se ve doblemente beneficiado ya que mientras precarizan el trabajo (a través del subcontrato, practicas antisindicales y otras), se apropian de las cotizaciones para aumentar aún más sus ganancias.

El mundo político al servicio del negocio

Pero como decíamos arriba, este negocio no solo se da entre agentes del mundo privado, sino que se ha asegurado de preservarse extendiendo su influencia hacia el mundo político permitiendo que ministros, secretarios e incluso la misma presidencia se vea “beneficiada” con este modelo y así preservarse en el tiempo.

Solo por mencionar algunos, Rafik menciona cómo transversalmente desde los partidos políticos tradicionales se ha participado en los directorios de las AFP: Ignacio Briones (Evopoli y actual ministro de hacienda), Ximena Rincon (DC y actual senadora), Máximo Pacheco (PS), Rodrigo Pérez Mackenna (UDI), Hugo Lavados Montes (DC), la lista se extiende a más de 40 nombres.

Todos estos nombres y los jugosos pagos por los cargos que ocupan o han ocupado dentro del sistema nos permite entender el por qué, el mundo político y técnico ha salido con tanta fuerza a rechazar cualquier intromisión en el modelo que ha permitido el “exitoso crecimiento” de estas 16 familias más ricas del país.

El argumento técnico, viviendo fuera de la realidad

Sacar el 10% sin duda reducirá la pensión, la clase trabajadora no es tonta ni inocente, pero tiene claro que, sin retirar esos recursos, tampoco su pensión será buena. Diputados de RN y la UDI, que tantas velitas le prende al sistema, ha reconocido en sus últimas intervenciones en el congreso de que en Chile las pensiones son tan malas que si se retiran ese 10% ahora serán mucho peores.

¿En qué realidad viven? ¿Qué diferencia hay para un trabajador que sabe que recibirá una pensión de hambre, el recibir entre $5.000 y $20.000 menos? La derecha también miente cuando dicen que este proyecto implica que “los trabajadores paguen la crisis”, hace rato que la clase trabajadora está pagando la crisis con la ley de suspensiones, el aumento de la cesantía, la imposibilidad de generar recursos económicos mientras se extienden las cuarentenas indefinidamente sin un plan B para trazar los casos contagiosos.

Esa es la realidad que se vive en las poblaciones, donde la comida llega por la olla común, donde seguir endeudándose ya no es una alternativa y las deudas asechan llamada tras llamada de las empresas de cobranza. El retiro del 10% es importante porque la gente se está batiendo entre el hambre o la miseria.

Una salida de fondo a las pensiones y la crisis

El escenario es potencialmente catastrófico para una mayoría importante de la población, el caceroleo y manifestaciones que se dieron durante la noche de ayer reflejan el descontento con la respuesta del gobierno y la nula empatía con el sufrimiento ajeno de los empresarios y la elite chilena.

Hasta ahora, las cuarentenas provocaron un “stand by” forzoso en las movilizaciones que comenzaron en octubre, pero la crisis sanitaria, social y económica ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de movilizarse, de manifestarse frente al hambre y la cesantía.

Las respuestas del gobierno y la oposición no buscan más que palear algunos efectos de la crisis cuando lo que la clase trabajadora y los sectores populares necesitan son salidas de fondo y estructurales.

Debemos decir basta de salarios de hambre, suspensiones y cesantía. Hay que rechazar cualquier iniciativa que hunda aun más en el endeudamiento a las familias del país, es necesario luchar por un salario de emergencia para todo trabajador informal o cesante. Hay que evitar a toda costa que las familias deban verse enfrentadas a pagar deudas para alimentarse. Necesitamos decretar el congelamiento de todas las deudas bancarias y cobro de servicios vitales como luz y agua, colegios y universidades.

Hay que terminar con las AFP, su negocio es financiar empresas, para otorgar pensiones de hambre. Necesitamos un sistema de reparto solidario, administrado por comisiones de trabajadores y jubilados, que puedan determinar cuanto, donde y cómo invertir.

Para asegurar los planes sociales, hay que partir por un impuesto a las grandes fortunas y la nacionalización sin pago de los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía del país.

Estas medidas chocan con el gobierno y el parlamento, por lo que es necesario la convocatoria a una Asamblea Constituyente, libre y soberana donde se puedan resolver sin trabas ni vetos los principales problemas que actualmente vive la clase trabajadora y los sectores populares.




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