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Red Internacional

Dos elementos que han tenido continuidad en el gobierno de López Obrador son la precarización laboral y la militarización, encarnada en este sexenio en la Guardia Nacional. Ambas están relacionadas.

Miércoles 27 de abril | Edición del día

Desde que era candidato en 2012, una de las propuestas fuertes de López Obrador fue la de la desmilitarización del país, misma que repitió en 2018. 12 años de “narcoguerra” y centenares de miles de muertos hicieron que la exigencia de que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles se volviera una demanda sentida en la población.

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Pero una vez electo, la postura de López Obrador comenzó a cambiar. Dando continuidad a la política de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, tomó la institución que éste había creado, la Gendarmería Nacional —que operaba casi exclusivamente en el estado sureño de Guerrero para presuntamente hacer frente a los grupos del narcotráfico—, y la extendió a nivel nacional bajo el nombre de Guardia Nacional. López Obrador eliminó a la Policía Federal para incorporarla a la Guardia Nacional, junto a la Policía Militar y la Policía Naval.

Por un lado, ello derivó en que algunos elementos de la institución se declararan en paro a inicios de su mandato. Por el otro, la creación de la Guardia Nacional (GN) devino en un intenso debate acerca del funcionamiento y estructura de la misma. Diversos miembros de la llamada “sociedad civil” y de las ONG proponían la importancia de dotar a este nuevo brazo represivo del Estado de un mando civil.

Es decir, la pregunta radicaba ahí: ¿en qué parte del gobierno y de la administración pública debía responder la GN? ¿La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (encargada de los cuerpos policiales) o en la Secretaría de la Defensa Nacional (es decir, el ejército mexicano).

Mando civil vs mando militar

Luego de dos presidencias desplegando a las fuerzas armadas y el terrible saldo de dos centenas de millares de muertos como consecuencia de la “guerra contra el narcotráfico”, la exigencia de desmilitarización se había vuelto una demanda profundamente sentida y con cientos de miles más presionando por que los militares regresaran a sus cuarteles. Sin embargo, aunque López Obrador cedió ante la presión, poco tiempo después replanteó la estructura para tener un mando paralelo: el mando civil (encargado de las cuestiones civiles) sería el titular de la SSPC, mientras que el mando militar (que estaría a cargo de la estructura, adiestramiento y composición de la GN) estaría a cargo de la SEDENA.

La mayoría de los elementos que ingresaron a la nueva corporación provenían de las filas de la extinta Policía Federal, así como del ejército y la marina. El gobierno y AMLO, empero, dieron nuevamente un giro y pronto la estructura “mixta” de la GN dio paso, luego de que el presidente lo anunciara en conferencia de prensa, a la incorporación de la misma a la SEDENA, eliminando el mando civil.

La GN empezó su existencia llegando a tener cerca de 60 mil miembros entre sus filas en 2019 y 858.3 millones de pesos (USD42,436,740) de presupuesto; en 2020 esas cifras aumentaron a 3,842 millones de pesos (USD189,810,000) de presupuesto y una meta de 90 mil miembros, lo cual se tradujo en el máximo despliegue militar en México; hacia 2021, ya eran 35,671 millones de pesos (USD1,763,673,400) y casi 100 mil miembros. Se prevé que para este 2022 alcance los 62,825 millones de pesos (USD3,103,825,622).

A diferencia de la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto y la Gendarmería Nacional, que contaban con 37,300 y 5 mil elementos respectivamente, la Guardia Nacional las duplica en números. Ese ha sido el curso hasta la actualidad de lo que han sido los experimentos en seguridad de México. Se puede afirmar sin ningún lugar a dudas que la política de AMLO está retomando políticas incompletas —como lo fue en su momento el “tren transpeninsular”, hoy Tren Maya— de Peña Nieto y exacerbándolas.

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La política iniciada por el panista Felipe Calderón, con la asesoría del imperialismo estadounidense en el Plan Mérida, continuada por el priista Peña Nieto, veía nuevamente la luz del día bajo el régimen de la “Cuarta Transformación” (4T) que impulsan López Obrador y su partido. No solamente dando la espalda a una demanda muy sentida, sino que directamente yendo atrás en sus promesas de campaña en un 2018 que parece muy lejano.

En lo que va del sexenio, la GN logró aumentar un 1,535% su presupuesto. Pero estos incrementos no vienen solos. De algún lado salen los recursos que alimentan a la nueva corporación de “seguridad” en México. Como veremos, la otra cara de la moneda la siguen pagando (literalmente) los trabajadores.

Oleada de despidos y precarización

Entre las propuestas de AMLO para hacer frente al desempleo fue la creación de diversos programas sociales a cargo del gobierno federal y los gobiernos estatales, como la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum. Ello generó los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, así como PILARES en la Ciudad de México y varios puestos en el sector cultura.

Asimismo, el presidente había prometido que respetaría los puestos laborales, pero tan pronto fue declarado ganador, dio un giro de 180° y anunció que despediría a 200 mil trabajadores del sector estatal. Paralelo a eso, vino la promesa de que los directivos serían los primeros en ser rebajados de su sueldo o despedidos bajo la consigna de que “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”.

Pero dicha promesa resultó ser hueca: además de anunciar despidos masivos a poco tiempo de asumir la presidencia, en el sector estatal, en particular el Instituto Nacional por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, la institución encargada de orfanatos y escuelas para familias de escasos recursos), sufrió un ataque directo a sus condiciones laborales bajo los embates de la “austeridad republicana” de López Obrador como medida adoptada por la 4T. Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, el DIF de la Ciudad de México tuvo un recorte presupuestal de $660,541,140 (USD32,633,577). De los $3,404,854,512 (USD168,214,479) asignados en 2018, pasaron a $2,744,313,372 (USD135,580,900) asignados en 2019.

De igual forma, la titular del DIF de la Ciudad de México se hacía ella misma un aumento salarial del 5.7 % —llegando a percibir más de 1 millón de pesos (USD50,000) al año— mientras que sus trabajadoras apenas recibían $6,000 (USD300) mensuales de sueldo, como ellas mismas relataron. La “barrida de escaleras” tampoco vino; en cambio, vinieron los despidos del programa “Niño Talento”, que daba asistencia a familias de niños con buen desempeño escolar y los motivaba a desarrollar sus habilidades.

Lo mismo pasó con los trabajadores de cultura (que, entre otros, devino en el movimiento #YaPágameINAH), en los profesores de asignatura de la UNAM (y que devino en el movimiento #UNAMnoPaga), en el Sistema Nacional de Investigadores, más recientemente en diversas carreras dentro de la UNAM. En todos esos ámbitos hubo recortes de presupuestos y despidos; muchos de esos trabajadores continúan en lucha hasta el día de hoy, como es el caso de las trabajadoras (porque en su mayoría son mujeres) de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), quienes fueron despedidas poco antes de la pandemia por la otrora periodista crítica (hoy devenida en funcionaria de la 4T) Sanjuana Martínez.

Para el sector salud, en medio de la pandemia, el gobierno enfrentó las protestas en varios hospitales de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC, la institución local de salud pública para los trabajadores del Estado), en el norte del país, quienes denunciaron el recorte presupuestal y adeudos que el gobierno del Morena en esa entidad llevaba adelante. El caso se volvió doblemente importante por la masividad que llegó a tener en Zacatecas, así como el hecho de que el gobernador es David Monreal, hermano del dirigente del Morena Ricardo Monreal, quien se perfila como precandidato rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En el caso de otras instituciones, el gobierno anunció planes para replantear la estrategia educativa, los cuales derivaron en más despidos. Tal fue el caso de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), que fue incorporada al esquema de Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) para resolver la demanda educativa y hacer frente a los miles de jóvenes rechazados de las universidades del país por no aprobar el examen. En el caso de la EDPA, incorporarla a las UBBJ vino de la mano del despido de la mayoría de sus profesores, causando que los estudiantes se fueran a paro.

En lo que va del sexenio, el gobierno le otorgó el equivalente al 1.21% del PIB al sector de seguridad en 2019, el 1.23% en 2020, 1.36% en 2021 y se prevé que sea del 1.19% para este año. Todo ello en detrimento de la educación y la cultura, como bien lo ilustró el colapso del techo de la zona arqueológica del Templo Mayor. Del otro lado, continúa el subcontrato y los subsidios a los grandes millonarios, como Ricardo Salinas Pliego, cuyos call centers continuaron operando en la pandemia bajo el riesgo de sus trabajadores, llegando a morir algunos por contagios de COVID-19.

Represión a los de abajo

Si la Guardia Nacional pudo incrementar tan rápido su presupuesto es gracias a los recortes del gobierno de AMLO. De otro modo no se explica el absurdo del gobierno de generar tantos programas sociales e instituciones para después despedir a quienes los hacen operar. Es otra continuidad con las medidas neoliberales al interior del sector público, con la consecuente reproducción de los esquemas de corrupción típicas de un Estado basado en la explotación laboral.

Además de enviar a la Guardia Nacional a fungir como patrulla fronteriza bajo exigencia de Trump, López Obrador y la 4T la han usado también para resguardar los megaproyectos del gobierno, como lo son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en su natal Tabasco, así como el Aeropuerto Felipe Ángeles que viene a contraponer la construcción de un aeropuerto en Texcoco, al norponiente de la ciudad. Pero ello no ha venido aislado de polémicas.

En diversas ocasiones, las fuerzas represivas, incluyendo la GN, reprimieron bajo el mandato de la 4T diferentes luchas sociales y protestas de trabajadores, mujeres y jóvenes. Ya sean obreros de la ciudad fronteriza de Matamoros, normalistas de Ayotzinapa exigiendo justicia por sus 43 compañeros desaparecidos, comunidades indígenas opuestas a una planta de agua embotellada (Bonafont, de la empresa Danone) que les saqueaba su agua, las ya mencionadas trabajadoras y trabajadores de NOTIMEX, criminalizar abogados independientes y solidarios con las causas sociales, y en muchas veces a los normalistas mexicanos.

Las normales rurales “Carmen Serdán” en Teteles (en el estado de Puebla), exigiendo vales de comida, y la de Mactumatzá (en Chiapas, uno de los estados más pobres del país), exigiendo examen de ingreso presencial ante la falta de infraestructura para hacerlo en línea, ambas fueron reprimidas por la Guardia Nacional. Lo mismo pasó con el paro de trabajadores de la ya mencionada refinería de Dos Bocas, donde fue la primera represión de la Guardia Nacional contra el movimiento obrero; asimismo, en Cancún, joya del turismo mexicano, la GN reprimió una marcha feminista que exigía justicia ante el feminicidio de una joven.

Como se puede observar, los que pagan la represión y la construcción de megaproyectos son los trabajadores que además enfrentan los recortes presupuestales del gobierno. Esto contrasta muy fuertemente con la consigna con la que López Obrador llegó al gobierno cuando exclamó que “primero los pobres”.

¿Qué salida dar desde la izquierda?

Con este panorama que acabamos de explicar, ¿por qué habríamos de confiar en un gobierno que muy claramente ha demostrado —a pesar de sus discursos progresistas, así como la instrumentalización de programas sociales— que está del lado de los patrones y no de los sectores populares como afirma? Por el contrario, es necesaria la organización independiente del gobierno de la 4T y no caer bajo los engaños y cantos de sirena de la oposición neoliberal del PRI-PAN-PRD que aprobaron las “reformas estructurales” mandatadas desde el FMI.

Por ello, es importante articular en las calles un movimiento nacional contra la militarización con los trabajadores, mujeres y jóvenes a la cabeza, que ponga por delante la disolución de la Guardia Nacional, contra la injerencia imperialista y la subordinación a las políticas de seguridad dictadas por la Casa Blanca. Ante el narcotráfico, exigir la legalización de todas las drogas con información científica actualizada sobre sus efectos, así como la expropiación de las fortunas de los capos de la droga y sus bienes financieros, bancarios e inmobiliarios.

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Contra la precarización laboral que mantiene la 4T, es importante la unión de los distintos sectores de trabajadores públicos y privados, sindicalizados y no sindicalizados, ocupados y desocupados frente a los ataques del gobierno y la patronal. Se vuelve necesario que de manera unitaria y en las calles exijamos derechos laborales para todos, pase a planta de manera inmediata, con un sueldo acorde al costo de la canasta básica y ajustado periódicamente conforme a la inflación, enfrentando el desempleo con una escala móvil de horas de trabajo entre ocupados y desocupados y poniendo en pie políticas públicas con la participación de especialistas, científicos, trabajadores y comunidades originarias, garantizando su funcionamiento en armonía con la naturaleza.

Nada de esto es posible sin enfrentar las ganancias de los grandes empresarios por medio de la renacionalización de los recursos energéticos y naturales bajo control de los trabajadores, con impuestos progresivos a las grandes fortunas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Son medidas que López Obrador y los partidarios de la 4T (el Morena y sus socios de coalición: el PT y el Partido Verde) no pretenden poner en marcha. Es necesario organizarnos.




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