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Red Internacional

Convención Constitucional. "Plan B": La subordinación del gobierno a la derecha y su impotente defensa del Apruebo

Una gran tensión e incertidumbre recorre a los partidos del oficialismo, quienes a meses de llevarse a cabo el plebiscito que determinará el Apruebo o Rechazo de una nueva constitución, buscan prepararse para el peor de los escenarios, dándole cada vez más margen político a los sectores de derecha.

Jueves 30 de junio | 03:05

Pasan los días, y la incertidumbre se instala al interior del gobierno y del oficialismo. La última encuesta realizada por Pulso Ciudadano, dio cifras alarmantes tanto al Rechazo/Apruebo de la nueva constitución, (44, 4% sobre 25%), como también a la aprobación del gobierno de Gabriel Boric (34%), la más baja hasta el momento. Y es por esto mismo, que desde los distintos sectores que van desde la izquierda concertacionista y neoliberal (DC, PPD, PS), hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, han empezado a fraguar diversas maneras de como descomprimir la enorme responsabilidad con la que carga el gobierno, frente a un eventual triunfo del rechazo, el próximo 4 de Septiembre.

Y es que tal parece que el accionar de la derecha, ha venido calando considerablemente en el quehacer del actual gobierno, quien se muestra cada vez más defensivo, adoptando la agenda impuesta por los sectores más reaccionarios y conservadores, siendo sus más claros ejemplos el sostenimiento de la militarización en el Wallmapu, y el apoyo irrestricto hacia Carabineros, una de las instituciones más cuestionadas por la violación sistemática de los derechos humanos, y una seguidilla de casos de corrupción.

En este sentido, dicha situación ha sido aprovechada totalmente por los partidos de la ex Concertación, quienes han cumplido un rol central, en la profundización del giro derechista del gobierno y del oficialismo en su conjunto, cuestión que se expresa también, en el propio desarrollo de la Convención Constitucional, con una paulatina moderación del borrador constitucional. Esto, por medio de una constitución donde es cierto que hay un cambio relevante en el sistema político a un sistema unicameral manteniendo un presidencialismo fuerte, pero que tiene límites pq la cámara de las regiones mantiene varias atribuciones del senado. Así es que cambia el principio subsidiario del Estado, a uno garante de derechos, con una serie de derechos formales que no estaban en la de los 80. Sin embargo, es innegable el pilar de acumulación capitalista que no se cambia, manteniéndose los recursos naturales en manos privadas y transnacionales, etc.

Así, la gran interrogante que se bate al interior del oficialismo es de qué manera comienza a pavimentar el terreno para el despliegue del denominado “Plan B”.

Ya hace unos días veíamos estas divisiones y fricciones a propósito del énfasis puesto por el Secretario General de la Presidencia (SEGPRES), Giorgio Jackson sobre lo lapidario que sería para el gobierno perder en las urnas el próximo 4 de Septiembre. Lo que llevo a que el mismo presidente Boric tuviera que colocar paños fríos, generando una separación entre el cumplimiento de su programa, y el futuro de la nueva constitución para Chile.

“No confundamos en equiparar la aprobación del Gobierno con la del plebiscito”, señaló en el presidente Boric, en una reciente entrevista de acuerdo al medio Ex – Ante, quien también refirió frente a la ejecución de su programa “No es algo que esté sujeto al plebiscito”.

Las presiones de cara al plebiscito, y la ubicación defensiva del gobierno

Tanta es la aparente vinculación del plebiscito al programa del gobierno, que desde partidos como el PPD, han incluso solicitado un cambio de gabinete al mandatario, como una forma de revertir la débil aprobación que se está expresando en las encuestas.

Así lo expresó el presidente de la cámara de diputados, el PPD Raúl Soto, quien señaló que "Quizás se hace necesario evaluar seriamente la posibilidad de un cambio de gabinete", palabras a las que posteriormente se sumó su copartidario, Fidel Espinoza, manifestando "no somos los encargados de estar pidiendo un cambio de gabinete al Gobierno, debe ser el Presidente el que haga una evaluación exhaustiva de cómo le está yendo a su Gobierno".

Por otra parte el inicio del “Plan B” ya tiene fecha para su desarrollo para el próximo martes 5 de julio, día en que se votará en la Comisión del Senado, la reducción del quorum de 4/7 para la aprobación de las reformas constitucionales, una de las principales maniobras que busca imponer la derecha, y la que el parecer también se terminarán sumando el conjunto de los partidos de los 30 años, y quizás el Partido Comunista y el Frente Amplio.

La vergonzosa ubicación que ha tomado el gobierno y el oficialismo tanto en la aplicación de su programa político, como su participación en la Convención Constitucional, sigue su curso, y parece que aquel caballito de batalla que tanto enalteció el proyecto de Boric, por medio de la consagración del desvío de la rebelión popular con el Acuerdo por la Paz, cada vez se desdibuja más de su centralidad. Y es que ha sido el propio gobierno quien ha dado el pie para orquestar su propio naufragio, fortaleciendo a la derecha quien se ha dedicado a organizar el rechazo, e imponiendo la indignante agenda represiva y de seguridad llevada por Boric a raja tabla.

Lo que sucederá de hoy al 4 de septiembre aún es incierto, pero lo que queda claro es que el oficialismo como nunca tiene sus antenas puestas en cómo lidiar con la derrota de una derecha, a la que hasta el momento han sido incapaces de “achicarle la calle”, sino todo lo contrario.

Es frente a esta posible derrota a la que se prepara el oficialismo en su conjunto, que la clases trabajadora, estudiantes, movimiento de mujeres, y todos aquellos que hoy se organizan. Es por esto que la clase trabajadora tiene que pelear por otra agenda que no sea ni la de la derecha que no quiere cambiar nada, ni la del gobierno de Boric, que se subordina a los empresarios y la derecha. Por el contrario hay que pelear decididamente, por imponer las urgencias populares y que la crisis en curso incluyendo la inflación, el desempleo, etc, las paguen los empresarios.




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