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Red Internacional

Este viernes, el gobierno confirmó que se ingresará el veto al proyecto de Ingreso de Emergencia para las y los trabajadores que fueron despedidos y suspendidos, con tal de evitar que este aumente por las indicaciones de la oposición.

Sábado 9 de mayo de 2020 | 09:55

Tras la reunión entre el Ejecutivo y los parlamentarios del Chile Vamos, donde uno de los ejes principales fue el proyecto presentado para un Ingreso de Emergencia, se confirmó el veto presidencial con la excusa de que las indicaciones que ha recibido el proyecto harían la ley "inaplicable".

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El proyecto constaba de un ingreso por tres meses, que entregaría $260 mil pesos el primer mes, el segundo $221 mil y de $182 mil en el tercer mes, pero esto dependería también del tamaño de la familia y de la situación socio económica (según el ejemplo del gobierno, en una familia de 4 personas y perteneciente al 40% más pobre del país, se entregarían $65 mil pesos por persona el primer mes). Según el gobierno, esto beneficiaría a 4,5 millones de personas. El proyecto no tuvo resolución en la cámara de diputados y, tras la reunión del oficialismo, la decisión del gobierno será vetarlo.

Felipe Ward, secretario general de la presidencia, afirmó: “Vamos a ingresar el veto de manera de poder tramitar en la Cámara de Diputados y el Senado. En esta última oportunidad que van a tener los parlamentarios que decir que sí”. Además agregó “hoy vivimos una situación de emergencia, pero es necesario ser responsables fiscamente, uno no puede gastarse todos los recursos porque no sabe cuánto va a durar esta situación”.

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Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, dijo que “Vamos a insistir en un veto para que se apruebe la ley y poder transferir lo antes posible los recurso a las familias que lo esperan, pero hay que entender que aquí no se agotan las ayudas”. Por su parte, el diputado de la UDI, Patricio Melero, pidió a la oposición que " (...) colabore con la tarea y no siga pidiendo más recursos de los que tenemos, si no que aprovechemos bien los que hay”.

La oposición, frente a este proyecto, se ha mantenido en críticas sutiles, apuntando a que el ingreso por persona debe ser de $85 mil pesos, pidiendo así un aumento de presupuesto para el proyecto. Sin embargo, la negativa del gobierno fue casi inmediata. Pues para el ingreso de los trabajadores no hay recursos ya que no se trata de los grandes empresarios o del presupuesto para Carabineros y FFAA, que son la primera prioridad del Ejecutivo.

A pesar de que desde el oficialismo argumentan que no hay capacidad fiscal para entregar un mayor ingreso a las familias, el pasado 19 de marzo se presentó el plan económico de Piñera, que inyecta 11.750 millones de dólares a los empresarios, mientras que estos utilizan la Ley de Protección del Empleo, que hasta ahora ha dejado a más de un millón de trabajadores despedidos y suspendidos.

Incluso, si se le aplicara un impuesto extraordinario a los 23.842 “super ricos” del país, podríamos recaudar $9.274 millones de dólares, es decir lo suficiente para entregar por 3 meses un subsidio de 500 mil pesos a más de 4 millones de familias. Pero, definitivamente, las leyes del gobierno han asegurado que los empresarios no pierdan ni un peso, mientras decenas de miles de familias ven sus ingresos aplastados.

Las criminales leyes del gobierno deben ser respondidas con la más amplia coordinación de las y los trabajadores para ponerse en pie de lucha contra las medidas que buscan descargar esta crisis sobre sus hombros. El silencio lúgubre de la CUT es una piedra de tope en esto, por eso hay que superar a las direcciones que le aseguran la pasividad social al gobierno y tomar ejemplos de lucha como los de los sindicatos agrupados en el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, que en asamblea votaron un plan de lucha contra los despidos y suspensiones. O los sindicatos de Starbuck y Burger King, donde las y los trabajadores han decidido enfrentar el descaro de la patronal, que a pesar de ser grandes multinacionales de ganancias multimillonarias, se han adherido a la ley de "protección" del empleo, haciéndose pasar por Pymes.

Para que la crisis la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora, es urgente la aplicación de licencias laborales masivas a las y los trabajadores de sectores no esenciales, con el pago del salario al 100%, como también la prohibición total de los despidos durante la pandemia. Al mismo tiempo, las migajas que pretende entregar el gobierno no alcanzan para las necesidades mínimas, por lo que también es necesario que se asegure un Ingreso de Emergencia acorde a la canasta básica familiar ($500 mil pesos), para todas las familias y pensionados que lo necesiten, financiado con un impuesto extraordinario de un 20% a las grandes fortunas.

¡Que esta crisis la paguen los capitalistas, no la clase trabajadora!




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