IMPUNIDAD

Piden renuncia de Director de INDH por reducir arbitrariamente número de mutilados por Carabineros durante rebelión popular

Organización de DD.HH. cuestiona accionar de director del INDH ante acusaciones por irregularidades. Se le acusa por reducir de 460 casos de trauma ocular por 173 a partir de un nuevo criterio de conteo. El INDH está cuestionado por descartar casos de violación a derechos humanos reduciendo así las críticas al actual gobierno asesino e impune de Sebastián Piñera.

Gabriel Muñoz

Licenciado en Historia

Sábado 17 de julio | 10:03

La organización de derechos humanos "Corporación de Socorros Mutuos Bautista Van Schouwen Vasey" realizó un llamado público para que le Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos renunciara a su cargo ante impresentables declaraciones en donde se descartan casos de mutilación ocular por parte de agentes del Estado en contexto de rebelión popular.

La misiva declara lo siguiente:

Para mayor abundamiento, en marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actualizó su reporte contabilizando 460 casos de lesiones oculares, desagregados en 35 casos de estallido o pérdida y 425 de lesión o trauma ocular. Sin embargo, en el último balance del INDH, de mayo de este año 2021, el instituto contabiliza en 173 las personas con algún daño ocular por el estallido social, entre quienes tienen trauma ocular, estallido del globo ocular y pérdida de visión.

(...) Esta inusitada merma de casos se presenta debido a un cambio de criterio durante el periodo del año 2020, según las respuestas que sobre la materia ha dado el Directorio y en particular el director del INDH señor Sergio Micco.

Dicho cambio de criterio representa un retroceso histórico en el registro permanente que los organismos de Derechos Humanos a nivel internacional y nacional han realizado y que es indistinto a la iniciación de cualquier acción judicial de por medio. El criterio de la existencia misma de cualquier vulneración o violación de Derechos Humanos no está ni puede estar sujeto a una posterior acción que signifique su necesaria judicialización, sino que evalúa la acción u omisión que el Estado y sus agentes realizan vulnerando los derechos humanos de las y los ciudadanos y la sociedad civil.

El régimen político que reprimió la protesta obrera y popular sigue completamente en pie y se legitima día a día mientras opera la Convención Constitucional. Mientras la Convención se aleja de la libertad de los presos políticos los líderes puestos a dedo de los organismos de defensa de los derechos humanos se repliegan hacia la complicidad con la impunidad ante los casos de violaciones a los derechos humanos.

Es urgente que una gran movilización ponga en pauta de discusión la urgente reparación a las víctimas de la violencia estatal ejercida desde octubre de 2019. No puede funcionar una Convención con víctimas sin reparación y con presos políticos-






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