Política Chile

TRIBUNA ABIERTA

¿Por qué fracasó la vuelta a clases presenciales del gobierno?

El manejo de la crisis sanitaria ha tenido importantes consecuencias sociales, entre ellas el desarrollo del aprendizaje y los procesos educativos, afectando a miles de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo el fracaso de la política educativa del gobierno no son sólo los establecimientos que deben volver a las clases telemáticas, sino sobre todo, el fracaso general del gobierno en garantizar derechos mínimos de la infancia y la juventud que te invitamos a profundizar en la siguiente nota.

Álvaro Pérez Jorquera

Profesor de Historia y Geografía, historiador y músico

Lunes 22 de marzo | 07:25

La actual crisis sanitaria está lejos de poder resolverse y así lo muestran las últimas cifras donde se estableció un nuevo peak de fallecidos diarios, más alto que los del 2020, superando los 7 mil, una cifra que creció especialmente a partir de la vuelta a clases presenciales a inicios de marzo. A esto se suma el estado crítico de la disponibilidad de camas UCI en las clínicas y en el sistema público lo que hecha por tierra la gestión del gobierno y por supuesto, el plan de vuelta a clases presenciales impulsado por Figueroa.

De los 3090 establecimientos obligados a abrir, hoy han tenido que volver a las formas telemáticas más de 800 por la vuelta de varias comunas a fase 1, y se estima que muchos más se sumarán conforme otras comunas retrocedan a cuarentena total, dejando un saldo de más de 118 mil casos de Covid-19 en menores de 19 años, siendo los jóvenes entre los 15 y los 19 los que acumulan más casos con más de 47 mil.

Una crónica de un fracaso anunciado.

Sin embargo, el fracaso del plan de vuelta a clases presenciales va más allá de los números, como lo grafican las diferentes denuncias alrededor de las diferencias sociales que se generaron a propósito de las clases online, con 2 niños en Elqui que debían subir un cerro y una niña en Panguipulli que debía instalarse bajo la lluvia para conectarse, y que un estudio de Ciper contabilizó como una abrumadora brecha donde el 50% de los hogares más pobres carecía por completo de internet mientras los hogares ricos poseían una conectividad completa. La realidad educativa de las familias más humildes hoy se traduce en hacinamiento, un servicio de internet de mala calidad y falta de equipos, y que tiene la repercusión de una deserción escolar que se estima en más 80 mil estudiantes por el contexto de pandemia, algo que el Estado puede garantizar, pero que Piñera y Figueroa deciden no hacerlo y traspasar los costos a los bolsillos de las mismas familias golpeadas por la crisis sanitaria, y de las y los docentes.

Respecto a esto último, la situación del profesorado se ha vuelto a traducir en un mayor agobio, pues la dinámica de las clases híbridas, y también las que son sólo remotas, hace necesario una mayor personalización dada la imposibilidad de hacer un seguimiento por los mismos problemas de conexión y por la falta de un contacto directo con las y los estudiantes, y porque el propio Mineduc exige una serie de evidencias que mantiene a las y los docentes respondiendo a la burocracia ministerial en vez de preparar sus clases. Así se produce una situación tan irracional como tener a la misma vez a profesores sobreexplotados mientras otros se encuentran cesantes.

Sin embargo esto no es sólo un problema de la crisis sanitaria, esto es el legado de la educación de mercado, de la educación dividida entre ricos y pobres y que fue mantenida y profundizada por los gobiernos de los 30 años, que en función de las necesidades de los empresarios precarizó al sistema público dejándolo sin recursos, aumentando la cantidad de alumnos por sala y disminuyendo la cantidad de profesores con el fin agrandar los márgenes de ganancias. Es este sistema el que hoy presenta estas mismas diferencias, muchas veces medidas en los resultados SIMCE, exacerbadas y agudizadas al extremo.

El Estado y los derechos de la infancia y la juventud.

Y es que el gobierno no sólo no ha sido capaz de garantizar, sino que directamente ha vulnerado los derechos básicos de la infancia y la juventud. No sólo con el traspaso de los costos del financiamiento del sistema, generando una especie de sálvese quien se pueda conectar, sino que además se muestra con los hechos de represión de los últimos días, donde las fuerzas policiales realizaron un operativo en Iquique donde los detenidos fueron mayoritariamente jóvenes, y un allanamiento a un comedor popular de Villa Francia, donde detuvieron a niños y niñas que participaban de una completada.

Incluso más lejos, cuando hablamos de la vulneración de los derechos de la infancia y la juventud, debemos referirnos a todos los factores que rodean e influyen en el proceso educativo. El vergonzoso episodio de una niña siendo desalojada mientras se encontraba conectada a clases en línea en Renca es un ejemplo concreto de que la sola posibilidad de conectividad no asegura un acceso a la educación, y que para ello no puede faltar el pan, el techo o la salud, lo que nos lleva a las consecuencias sociales del manejo que el gobierno ha tenido de la crisis sanitaria.

Desempleo, suspensiones laborales, caída de los ingresos, son algunos de los problemas por los que pasa hoy la mayor parte de los hogares en Chile, y también en el resto del mundo. Según un informe de Unicef, aumentó la desnutrición y la pobreza, se interrumpió la educación de millones, empeoró el acceso a servicios de protección y salud y uno de los más afectados fueron los países de Latinoamérica y el Caribe. En Chile en particular se dispararon los problemas mentales asociados a la depresión y se suspendieron la mayoría de los controles dentales, vacunas y otro tipo de tratamientos. Junto con esto, aumentaron las familias en campamentos en Chile a más de 47 mil, donde la gran mayoría viene de situación de arrendamiento o allegamiento. Esto mientras empresarios como Luksic doblaban su fortuna de 10 mil millones a 19 mil millones de dólares.

Por otro lado, el trabajo femenino fue el más golpeado por estas cifras, cayendo a niveles de hace 10 años atrás. Figueroa culpabiliza a los docentes por su resistencia a volver a unas clases presenciales totalmente irresponsables, asegurando que debido a esta situación las mujeres deben quedarse en casa. Sin embargo lo que ocultan es que son justamente las mujeres quienes tienen los empleos más precarios, muchas veces informal y que fueron las principales afectadas de medidas como la Ley de Protección del Empleo que impulsó el propio gobierno. Entre el profesorado es especialmente grave porque es altamente feminizado y el agobio golpea mucho más por la doble jornada entre las exigencias de los estudiantes, las del Mineduc y las de sus propias familias.

¡Fin al agobio docente, no más niños y niñas sin pan, techo o salud!

El fracaso de la vuelta a clases del gobierno tiene mucho de crónico, y es una realidad que golpea sobre todo a los sectores más empobrecidos. Es por esta razón que se hace necesario llevar adelante una serie de medidas de emergencia que permitan revertir esta situación y que, por supuesto, se deberán hacer en contra del propio gobierno que prefiere gastar recursos en reparar una estatua y rodear un bloque de cemento con muros de 12 toneladas y mil agentes policiales que garantizar la conectividad y el acceso a tecnología a las y los estudiantes.

Es por esto que los docentes no sólo debemos luchar contra el agobio mediante el reparto sin rebajas salariales de las horas para que ningún docente siga cesante, se pueda cumplir efectivamente el 50/50 entre horas lectivas y no lectivas y sea el aprendizaje de los estudiantes el verdadero centro de preocupación. Al mismo tiempo no se puede dejar de lado la necesaria exigencia para que sea el Estado el que garantice en forma totalmente gratuita el acceso a las tecnologías de la información para todas y todos los estudiantes y docentes como forma de terminar con la actual desigualdad, medidas que pueden y deben ser financiadas con los recursos que hoy se destinan a la represión policial y mediante un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, lo cual no puede ir separado de la lucha para terminar con la educación de mercado, el marco estructural que divide todo el sistema entre una educación para ricos y otra para pobres.
Así mismo debemos tomar también en nuestras manos los problemas de los estudiantes y sus familias, pues no es posible una buena educación sino se asegura y garantiza el desarrollo integral de la infancia y la juventud, esto es, que no falte el pan, el techo o el acceso a la salud. Para esto debemos enfrentar el manejo de Piñera frente a la crisis sanitaria luchando por la derogación de la Ley de Protección al Empleo, la prohibición de los despidos mientras dure la pandemia, un salario de 500 mil pesos que también pueda ser otorgado a quienes deben cuidar niños y población vulnerable, tarea realizada mayoritariamente por mujeres, junto a un plan habitacional que asegure que ninguna familia se quede sin un lugar donde vivir terminando con los desalojos, donde el Estado financie un plan de construcción de viviendas bajo gestión de las y los trabajadores, comités de vivienda y pobladores, así como el reinicio de todos los programas de protección y controles de salud física y mental para la infancia y la juventud que vaya de la mano con el fortalecimiento de un sistema de salud unificado, universal y oportuno.

Esta es la perspectiva por la que luchamos los distintos candidatos docentes, concejales y constituyentes, de Nuestra Clase y que pensamos deben tomar también en sus manos tanto el Colegio de Profesores como los colegas que hoy son candidatos por otras listas, a quienes invitamos a levantar un Congreso de Trabajadores de la Educación donde podamos debatir movilizarnos por estos puntos y pensar de manera integral el proceso educativo y la situación de nuestros estudiantes y sus familias.






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