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Lucha de poderes en el Tribunal Constitucional

Hace unas semanas se supo que el Tribunal Constitucional (TC) abrió un sumario a su actual presidenta María Luisa Brahm, que implican acusaciones por maltrato y acoso laboral.

Sábado 10 de abril | 12:02

La indagatoria fue abierta por Iván Aróstica, ministro del TC de mayor antigüedad, y nombró a Rodrigo Pica Flores como encargado de la investigación.

La ex jefa de asesores del primer gobierno de Piñera, presentó un escrito donde argumenta que el reglamento que se investiga y determina responsabilidades administrativas en el TC, aprobada por ella misma hace años atrás, no puede aplicarse a los ministros del TC. Se espera que un pleno extraordinario del TC se pronuncie al respecto.

Este sumario se agrega a la crisis que atraviesa el TC, producto de unas declaraciones que realizó Brahm, a la Tercera, tras su llegada al TC: "antes de que yo llegara, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo, al límite de la corrupción". Indicó además que Iván Aróstica, su inmediato antecesor en el cargo, era quien "decidía y proponía qué causa se ve en el Pleno". Hoy la fiscal Ximena Chong investiga esa denuncia tras una presentación de la diputada del PC Carmen Hertz.

Si el pleno del TC rechaza la solicitud de su presidenta, Pica puede continuar investigando y sancionar a Brahm, de hecho la podría suspender del cargo y sería Aróstica quien asumiría como presidente del TC al ser el juez de mayor antigüedad. Todo esto, a días de que Piñera solicitara al TC revisar el proyecto que busca un tercer retiro de los fondos de pensiones (AFP) y donde Brahm dio el voto decisivo para que el segundo retiro siguiera su curso. Pero el conflicto de poder que existe en el TC, en especial entre Aróstica y Brahm, no da luces de terminar.

El TC, compuesto por 10 personas, se consagra durante la dictadura, quedando establecido en la Constitución del 80´. En lo concreto busca “cuidar” el marco legal o constitucional de dicha carta fundamental, o sea busca cuidar la constitución cuestionada por millones desde el estallido social del 2019.

Pero este tribunal no es democrático, ya que sus integrantes son designados por la Corte Suprema, Presidente y el Parlamento, o sea no son elegidos/as por sufragio popular, por lo que estos ministros/as buscan cuidar el legado e intereses de una reducida casta política y económica del país.

El estallido social del 2019 demostró que instituciones como estas ya no tienen cabida, y a su vez la fuerza desplegada los meses siguiente a octubre, mostró que existen las fuerzas para eliminarla. No puede existir un tribunal usado por la casta político - económica que gobierna Chile, para defender sus intereses de clase, más aún cuando en las últimas semanas han salido a relucir las grotescas ganancias que han generado las familias más ricas del país, entre ellas está Piñera.

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