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Los negocios sucios de la UDI: Un operador del partido cobró 22 millones a gremio de camioneros para conseguir un terreno fiscal

La función de este operador que se hizo llamar como “facilitador” fue acercar al gremio de camioneros a quien era ministro de bienes nacionales, Felipe Ward, para conseguir un terreno fiscal en la comuna de Mejillones.

Jueves 10 de septiembre

El medio Interferencia dio a conocer informaciones en relación a la historia de un operador de la UDI que cobró alrededor de 22 millones para acercarlos a Felipe Ward, quien es militante del mismo partido, que en ese momento cumplía un período como ministro de Bienes Nacionales y quien actualmente dirige la cartera de Vivienda y Urbanismo.

El motivo de la necesidad de este acercamiento y la función de este operador que se hizo llamar como “facilitador” fue porque desde el gremio de los camioneros estaban buscando hacerse de un terreno fiscal en la comuna de Mejillones.

El detalle de los hechos en cuestión trata sobre que en Calama, en el último trimestre del 2018, específicamente octubre, en Calama la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte El Loa (Agretrans El Loa) firmó un contrato con Osvaldo Antonio Miranda Muñoz, quien fue el operador de la UDI que hizo el “contacto” y se denominó facilitador.

En el contrato entre la asociación gremial de camioneros y el “facilitador” de la UDI, Osvaldo Miranda, el gremio declara tener interés por adquirir “mediante venta u otra opción (...) un terreno fiscal o perteneciente a Bienes Nacionales a fin de poder desarrollar sus actividades económicas”.

Por otro lado, Miranda dice que prestará sus servicios a Agretrans El Loa, y lo señala así: Por su parte, El Facilitador don Osvaldo Antonio Miranda Muñoz declara poseer los conocimientos y capacidades técnicas necesarias para proveer al Cliente del inmueble fiscal que reúna las características señaladas en la cláusula primera precedente”.

Además en el contrato se declara que “El presente contrato finalizará una vez que El Facilitador haya cumplido su principal obligación, cual es, la obtención de un terreno fiscal por parte de El Cliente, para ello las partes fijan además un plazo de 10 meses contados desde la celebración del presente contrato para que El Facilitador cumpla su cometido”, cierra el texto.

Para la fecha del 9 de julio se envió un oficio por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, declarando que estos hechos actualmente están siendo investigados por la Fiscalía Regional de Antofagasta, estando a cargo de Alberto Ayala.






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