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Red Internacional

VIVIENDA.Ley anti-tomas: la derecha busca criminalizar con sanción penal las “ocupaciones” mientras se niega a vivienda digna

Hoy, hay 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Sólo desde octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentaron casi en un 74%.

Lunes 7 de junio | 17:39

Hace varios años que vienen aumentando los campamentos y tomas de terrenos en nuestro país, principalmente por falta de vivienda, por arriendos caros, precariedad laboral de personas que no tienen un techo donde vivir con sus familias. Muchas y muchos se trata de trabajadores pobres.

Esta situación se ha agravado en el marco de la pandemia y la crisis social, donde son miles que han optado por ocupar terrenos y armarse con cartones, latas y algo de madera para tener un techo para sus hijas e hijos. Esto enfrentando todas las dificultades que conlleva, desde problemas sanitarios, frío, inseguridad, peligro de desalojo y represión. Una situación difícil, donde las familias piden techo para vivir dignamente.

Según cifras dadas a conocer en marzo de este año por Techo-Chile y la Fundación Vivienda en el Catastro de Campamentos 2020-2021, desde 2011 el número de personas viviendo en campamentos ha venido aumentando sostenidamente.
Hoy, hay 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Sólo desde octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en campamentos en el país aumentaron casi en un 74%.

“El 50% de las familias que llegan a vivir a campamentos son familias que declaran, fundamentalmente, razones de índole económica o laboral, ya sea porque perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o subió el precio de su arriendo”, señaló en su momento la Directora del Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, Pía Palacio.

No solo eso sino que el déficit habitacional es mucho mayor: “las cerca de 82 mil familias viviendo en ellos es una cifra que nos duele y estremece, pero también hay una realidad invisible, que son más de 500-600 mil familias las que hoy necesitan una vivienda en nuestro país, que viven allegadas o hacinadas y muchísimas más si consideramos las que están bajo arriendos informales o abusivos”, dijo en la presentación del catastro el Director Ejecutivo de Techo-Chile, Sebastián Bowen.

Toda esta situación ocurre en momentos donde los banqueros siguen llenándose los bolsillos, y uno de sus mayores negocios es el inmobiliario junto a grandes empresas constructoras que lo único que buscan es aumentar sus acciones a costa de vivienda precaria para las familias trabajadoras y a quienes no pueden pagar un arriendo o no tienen la casa propia (que están sobre endeudados) se ven obligados a recurrir a las tomas.

Mientras el Estado sigue defendiendo inmobiliarias y banqueros, la única salida ha venido desde la organización de la gente sin casa ocupando terrenos. En muchos casos han sido desalojados violentamente.

Sin embargo, ahora desde la derecha, y probablemente hasta la Concertación les apoye, buscan criminalizar las tomas de terreno como “delito” para que le permita a la policía hacer y deshacer reprimiendo a quienes más lo necesitan, a la vez que aleccionar con medidas penales a quienes luchan por tener un techo para sus hijos.
Así surgió la iniciativa parlamentaria presentada por tres senadores de la derecha: Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Ena Von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN) que buscan poner urgencia al proyecto de ley que busca tipificar como delito la toma de terrenos, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes. Más aún, les entrega poder a la policía asesina para desalojar a las personas que están en ocupación sin ni siquiera orden de los tribunales de justicia. O sea, poder para reprimir arbitrariamente.

El proyecto de ley no casualmente se llama de “Usurpación de terrenos” que busca defender la propiedad privada de grandes grupos económicos que lucran con el suelo, muchas veces casi regalados por el Estado, para con ello rentabilizar los lugares para mayores ganancias, mientras aumentan los costos a la población.
Desde los campamentos y ocupaciones así como de organizaciones por el derecho a la vivienda, denuncian este proyecto como criminalizador y defensor del uso del suelo como un negocio, mientras el Estado no entrega ninguna respuesta por el reclamo de vivienda digna. Y señalan que busca detener las protestas por vivienda que han ido en aumento así como reprimirles sin necesidad de contar con el respaldo de la justicia.

Asimismo establece un peligroso precedente para poder desalojar, reprimir y criminalizar al movimiento mapuche también, pues es uno de los ascensos de toma de tierras de los últimos dos años, aunque en este caso como una lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por las forestales y latifundistas.
Incluso, movimientos por el derecho a la vivienda digna han acusado que bajo esa figura se podría perseguir todo tipo de ocupaciones, desde liceos hasta universidades y eventualmente empresas.

Los campamentos de alto Hospicio (Iquique), Calama (Antofagasta), Valparaíso, San Antonio y la Florida (Santiago) denunciaron, en un comunicado común, que el proyecto de ley 14.015-25 “1uieren imponer pena de cárcel y penas de trabajo forzoso no remunerado en ‘beneficio de la comunidad’ para quienes ocupan una casa o se toman un terreno” y que “esto nos entregaría in defensa en manos de carabineros que han desatado una violencia criminal y desmedida contra el pueblo en las protestas y movilizaciones sociales”.

Hay que denunciar esta ley, e iniciar movilizaciones en común contra esta criminalización, exigiendo a las organizaciones de trabajadores como la CUT, movimientos sociales y sindicatos, la defensa de vivienda digna.




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