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Red Internacional

REPORTAJE. Las principales luchas sociales en regiones que han cuestionado al régimen político

Carestía de la vida, problemas medio ambientales, alzas en los recursos básicos, envenenamientos con residuos tóxicos de empresas, despreocupación por parte del Estado; son algunas de las razones por las que miles de personas se han movilizado a lo largo del país. Desde LID Chile hacemos una recopilación de las luchas regionales más importantes y masivas que quedaron en la retina de miles.

Jueves 12 de marzo de 2015 | 16:53

Las diversas movilizaciones que ha protagonizado Arica

La décima quinta región de Arica y Parinacota, con más de 230 mil habitantes y variados recursos naturales tanto mineros como pesqueros, se ha caracterizado por protagonizar distintas luchas sociales que cuestionan variados aspectos del sistema político y económico actual. Una de ellas fueron las movilizaciones realizadas durante el 2011 en defensa de la educación pública y la exigencia de que esta fuese garantizada por el Estado.

En marzo de 2012, agrupaciones ambientalistas, de pueblos originarios y sociales adhirieron a la movilización ciudadana conocida como la marcha por “39 años de abandono por parte del Estado central”. Entre las demandas que se exigieron estaban la eliminación inmediata al impuesto de los combustibles, una zona franca turística, fijación de sueldos mínimos de $250 mil, además de propuestas para solucionar problemas medioambientales.

Los problemas medio ambientales, producidos mayoritariamente por la presencia de empresas mineras en la región, son constantes en el norte del país. Un caso conocido fue el rechazo masivo hacia el proyecto minero Los Pumas, acusado de vulnerar los derechos humanos como el derecho a la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la libertad de ejercicio de un culto, ya que no se realizó la Consulta a los Pueblos Originarios que establece el Convenio 169 de la OIT.

Esto generó que en agosto del año pasado, miles de personas volvieran a movilizarse ante las nulas soluciones de parte del Gobierno. Ante esto, Gabriela Meza, vocera del movimiento social afirmó que en el 2013 también se habían movilizado cerca de 7 mil personas, exigiendo el fin al proyecto minero y mejores condiciones de vida para una ciudad que padece un “fuerte abandono estatal”.

En lo que va de este 2015, Arica ha vuelto a reactivar las movilizaciones en contra de la termoeléctrica que sería construida cerca del “Cerro Chuño”, bajo el nombre de proyecto “Central Termoeléctrico Parinacota”. El Movimiento por la Defensa de la Vida y Dignidad de Arica y Parinacota, en su declaración oficial interpela directamente al sistema político y económico: “Declaramos al actual modelo económico irracional e inhumano y su institucionalidad, como la causa principal de la grave crisis socio-ambiental. La salud física y psicológica de nuestra gente que ya ha sido dañada, la subsistencia de nuestros Valles que son el invernadero de Chile serán los principales afectados con instalación de ese proyecto…”

Antofagasta y Tocopilla contra la precarización de la vida y la contaminación

#EstePolvoTeMata es la consigna que en la actualidad está movilizando a miles en la ciudad de Antofagasta, quienes han realizado protestas contra la contaminación por arsénico que afecta a los habitantes de la zona y que incluso dejó a decenas de niños envenenados por el mineral. La presencia de arsénico se demostró mediante la denuncia de varias personas que viven cerca del Puerto de Antofagasta, donde se realiza el embarque y desembarque de los minerales, para luego derivarlos al galpón de la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI).

Las movilizaciones contra la contaminación que proporciona la empresa portuaria continúan y se masifican. El 7 de marzo se realizó una manifestación que congregó a personas tanto de Antofagasta, Calama, Mejillones, Taltal y Tocopilla, llegando a un total de 3 mil personas según las cifras oficiales.

En Tocopilla, cientos de personas continúan movilizándose por las demandas históricas de la localidad: más especialistas para el Hospital Macuada, frenar el alza en las cuentas de luz, cancelación de la millonaria deuda del Gobierno central con la región, recursos permanentes para la comuna, para poder tener fortalecer la educación pública y de calidad, transporte público digno, universidad estatal acreditada y un medio ambiente libre de contaminación.

Por estas razones, y sobre todo por el nuevo aumento en las cuentas de luz, cientos de tocopillanos han salido a manifestarse, cortando el tránsito en la intersección de Sargento Aldea con Avenida Prat, tomándose el puente que une el Puerto Salitrero, realizando “velatones” en Antofagasta, y difusión en las redes sociales. Todo con el objetivo de luchar contra la precariedad diaria y la contaminación que golpea duramente a las localidades del norte del país.

Calama anuncia retomar movilizaciones y Caimanes sigue en pie de lucha

La localidad de Calama es otra que mantiene sus férreas demandas intactas y sin solución por parte de las autoridades. Según la Asamblea Ciudadana de Calama las exigencias son principalmente un 5% de las utilidades de Codelco para la administración municipal, una compensación de 400 millones de dólares por infraestructura y urbanismo, renacionalización del agua, del cobre y del litio, medidas para enfrentar la contaminación minera, reconstrucción del hospital, y más médicos y especialistas en este.

Desde la asamblea de Calama a principios de marzo, reiteraron que las movilizaciones se retomarán debido a la ausencia de soluciones concretas para las demandas. Calama es una de las zonas con más riquezas mineras del país, pero aún así esa realidad no se condice con las precarias condiciones de vida de las personas, mientras que las empresas mineras obtienen cada año sumas millonarias y exorbitantes a costa de la explotación de cientos de trabajadores.

Por su parte, los habitantes de Caimanes permanecen en pie de lucha, resistiendo a una fuerte represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, las que mantienen cercada la localidad, con la intención de proteger el acceso al tranque de relave El Mauro, parte de minera Los Pelambres la cual es propiedad del multimillonario empresario, Andrónico Luksic.

Pese al fallo emitido por la Corte Suprema, el que obliga a restituir el escurrimiento natural de las aguas del Estero Pupío a la comunidad de Caimanes, sin contaminación de desechos provenientes del tranque; los dueños de la minera desconocen la orden judicial, permaneciendo con una posición intransigente y represiva hacia los pobladores del sector.

El conflicto que afecta a Caimanes ha sido ocultado durante unos largos 14 años de lucha contra la familia Luksic, y hace pocas semanas ciertos medios de comunicación han difundido sobre la terrible situación que mantiene casi sin agua a las personas, en condiciones paupérrimas de vida; pero que sin embargo, ha generado un movimiento de lucha organizado que se enfrentado no sólo al cerco informativo, sino que también a la dura represión y criminalización de la empresa, policía y Gobierno. Este último, como ‘solución’ presentó la propuesta de establecer una mesa de diálogo, la cual fue quebrada durante el fin de semana, ya que no se solucionaron las exigencias de los habitantes.

Actualmente, los habitantes de Caimanes permanecen movilizados, apoyándose en la fuerza de cientos de familias trabajadoras y pobladoras que llevan años luchando contra el despotismo empresarial, al que no le interesa en lo más mínimo cómo viven las personas día a día, sólo las ganancias obtenidas a costa de la explotación y depredación del medio ambiente. Debido a los cortes en el acceso a minera Los Pelambres, generados por los manifestantes, la familia Luksic ya ha perdido 5.000 toneladas de cobre.

Freirina y la lucha que enfrentó a la empresa Agrosuper

Conocidas a nivel nacional fueron las protestas y movilizaciones emprendidas por los habitantes de Freirina, los que se enfrentaron a la poderosa empresa Agrosuper, cuestionando una vez más el afán de los empresarios por contaminar el medio ambiente y potenciar la insalubridad que sólo afecta a las personas que viven cerca de estas fábricas.

Fue en el año 2007 cuando Agrosuper comenzó la construcción de una planta de alimentos, específicamente de cerdos, la que inició su funcionamiento en el 2011. Meses después de la instalación, los habitantes de Freirina comenzaron a sentir los primeros olores emanados de los recintos de crianza de los animales, una situación que fue empeorando con el pasar de las semanas y se volvió insostenible. La primera denuncia fue interpuesta por una educadora de párvulos, lo que siguió con la organización de los habitantes en asambleas realizadas en la Plaza de Armas, el desarrollo de masivas movilizaciones, protestas, cacerolazos, bloqueos de rutas y enfrentamientos con Carabineros. Freirina, en los primeros meses del 2012, agotó su paciencia y dijo basta.

Los habitantes de Freirina fueron claros, no iban a permitir más atropellos por parte de la empresa, al contrario, decidieron salir a luchar por lo que consideraron justo, por una mejor calidad de vida, por poner término a la avasalladora empresa Agrosuper. Así lo determinaron cuando fijaron como plazo para el cierre de la empresa noviembre de 2012, lo que no fue cumplido por esta, ocasionando una nueva ola de masivas movilizaciones que cesaron sólo cuando se determinó el cierre indefinido de la planta de alimentos, en diciembre de 2012, otorgándole una victoria a la lucha de Freirina y un precedente para futuras movilizaciones.

La potente revuelta de Aysén

“Tu problema es mi problema” fue el lema que se conoció a nivel nacional y que caracterizó a la poderosa movilización que desarrollaron los habitantes de Aysén. Denuncias contra la Ley de Pesca, por el elevado costo de la vida, el aislamiento; la exigencia de un subsidio al combustible, mejoras en sueldos y pensiones e inversiones para la pesca artesanal y en caminos, una universidad pública regional, salud de calidad, fueron las principales demandas que motorizaron la revuelta del sur del país.

Fueron diversos los sectores que adhirieron al Movimiento Social por la Región de Aysén, con alrededor de 30 organizaciones sociales que agrupaban a: empleados fiscales, pescadores artesanales, mujeres, mapuche y tehuelches, entre otros. La movilización que partió en febrero de 2012 comenzó con la ocupación del aeródromo de Melinka, por parte de pescadores artesanales, y continuó con tomas de algunos servicios públicos, bloqueos de las rutas hacia Coyhaique, y los caminos que unen a Puerto Aysén con Puerto Chacabuco.

La revuelta de Aysén remeció totalmente al gobierno de Sebastián Piñera y al conjunto del régimen político, reveló las precarias condiciones de vida que padecen cientos de personas que habitan en localidades que permanecen aisladas y abandonadas, cuestionó a la estructura del Estado y el patrón de acumulación capitalista instalado desde la Dictadura. Se caracterizó por la potente fuerza de sus habitantes, por los duros y constantes enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros, que incluso le quitaron el ojo a uno de los manifestantes, demostrando la dura represión que ejerce la policía hacia quienes se movilizan y cuestionan el orden establecido.

El bloqueo al Puente Ibáñez es recordado hasta la actualidad. También lo son los cacerolazos y las barricadas organizadas principalmente por mujeres trabajadoras y dueñas de hogar, quienes permanecían en primera fila cada vez que se generaban enfrentamientos. El movimiento tuvo apoyo en todo el país, en ciudades como Valdivia, Santiago, Arica, se hicieron manifestaciones en solidaridad al conflicto que duró alrededor de 40 días.

Finalmente, tras fuertes enfrentamientos, mesas de diálogo con el Gobierno quebradas, implementación de la Ley de Seguridad del Estado, tomas de edificios públicos, de puentes; el día 23 de marzo se anunció el acuerdo entre el Gobierno y los representantes del movimiento, donde la creación de una zona franca fue la medida “central” que cedieron, lo que no dejó satisfechos al conjunto de los habitantes de Aysén, quienes de todas maneras protagonizaron una de las movilizaciones más potentes de los últimos años. ¿Lograron calmar el descontento de Aysén o podrían desatarse nuevos cuestionamientos? Es algo que aún permanece abierto y que podría perfectamente suceder.

Magallanes, el segundo “puntarenazo” que abrió un 2011 de luchas
En el extremo sur del país, en enero de 2011 se desataron masivas protestas principalmente contra el alza del gas natural, que había sido anunciado en el 2009 por los empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en denuncia por el alto costo de la vida y también en rechazo a la empresa transnacional canadiense, Methanex, la que extraía gas natural y ocupaba un 75% de la producción total de ENAP, lo cual era fuertemente criticado por la comunidad de Magallanes.
Las movilizaciones iniciaron los primeros días de enero con multitudinarias protestas y paralización de actividades en ciudades importantes como Punta Arenas y Puerto Natales. El 11 de enero la Asamblea Ciudadana de Magallanes convocó a un paro indefinido, y durante esa misma noche, dos mujeres, Claudia Castillo Campos y Melisa Silva Ruiz, murieron atropelladas por una camioneta durante las protestas en Punta Arenas. El 12 de enero, el paro continuó en las principales localidades de la región, extendiéndose a los principales pasos fronterizos con Argentina, quedando aislados más de dos mil vehículos que intentaban cruzar desde la provincia de Tierra del Fuego hacia Santa Cruz.

El presidente, en ese entonces, Sebastián Piñera debió solicitarles la renuncia al Ministro de Energía, Raineri, y a la intendenta de Magallanes. Tras una semana de protestas y enfrentamientos, el Gobierno acordó rebajar el alza del gas natural de 16,8% a 3%, además de comprometerse a entregar amplios subsidios para las familias de menores recursos de la región.

Las luchas regionales mencionadas han puesto en evidencia el desigual, precario y agresivo sistema capitalista que golpea cotidianamente a las miles de familias trabajadoras y sectores más precarizados, pero también refleja cómo la lucha y organización pueden poner en jaque a un Gobierno y al régimen político que lo sostiene, pese a todas las adversidades.




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