Política Chile

REPRESIÓN

La institucionalidad estatal y la complicidad con la represión policial

Dauno Tótoro

Santiago

Miguel Fonseca Carrillo

Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez. Académico UCEN

Jueves 18 de febrero

La militarización del estamento de Carabineros y, sobre todo de Fuerzas Especiales F.F.E.E. resulta ser un hecho ya prácticamente innegable.

La consecuencia de ello ha sido la enorme cantidad de casos de heridos (Traumas Oculares, principalmente), torturas-apremios ilegítimos y asesinados por las Fuerzas Policiales y FFEE, desde el 18 de Octubre de 2019, al “calor” del inicio del Estallido Social y hasta el día de hoy.

Desde los actores del Movimiento Social, desde organizaciones de Derechos Humanos y desde la propia óptica de las víctimas, se reconoce, claramente, que la violencia policial no alude a hechos aislados sino en una práctica permanente del actuar de Carabineros y F.F.E.E.

Y, como una variable que reiteradamente ha señalado el Movimiento Social: la responsabilidad política de estos hechos le concierne, principalmente, al Poder Ejecutivo (Presidencia) ejercida en “complicidad” con los Distintos poderes del estado.

Es desde el Ministerio del Interior y Seguridad Publica desde donde se acuerdan los lineamientos que deben seguir las Policías y Fuerzas Armadas para reprimir y para desplegar la violencia que ejercen contra el pueblo organizado.

Como Agrupación de Víctimas de violencia policial condenamos y nos preocupa la perpetuación y agudización de las prácticas de violencia policial están guiadas en parte por una militarización de esta entidad; siendo el enemigo a derrotar: todes quienes nos manifestamos en contra de este modelo y sistema, y siendo las y los jóvenes las principales víctimas de dicha "guerra" interna y, de un modo particular: el Pueblo Mapuche.

Es necesario también hacer mención al involucramiento que Fuerzas Amadas para prácticas de control del espacio público, lo cual intensifica aún más la represión policial-militar que vive nuestro sector social.

Hay discusiones al respecto de si el camino es una profunda reforma hacia la Institución de Carabineros (Desmilitarización de estos, en lo principal) o la abolición total de esta entidad; en tanto "brazo de implementación de la violencia y represión contra el pueblo trabajador y quienes se movilizan en el marco de su rol de defender el orden de los grandes empresarios en Chile y en todos los Estados capitalistas del mundo. Y sobre esa discusión queremos relatar algunas conclusiones a las que hemos llegado al pasar estos meses y la experiencia particular de nuestra Agrupación.

Como Agrupación hemos realizado gran diversidad de acciones posibles para, a través de la institucionalidad, desmilitarizar a las policías y “poner coto” a la violencia policial. Cada una de nuestras propuestas han tenido como respuesta un “recibido – archivado”. Esto a su vez a significado una importante experiencia para probar las vías reales para enfrentar la represión.

Específicamente; podemos señalar la Carta entregada al presidente Sebastián Piñera; con anexo en el cual se desarrollaban tres propuestas de modificación a leyes específicas que contribuirían a la desmilitarización de Carabineros.

Es así como, con fecha 10 de agosto de 2018, se realiza la entrega referida, la cual alude a la realización de enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (Ley 18.981), Ley publicada el 07-03-1990, a cuatro días del “retorno a la democracia”, por ende fue una de las “ultimas leyes de amarre” heredadas por la dictadura cívico-militar de Pinochet. El texto de esta Ley les da a Carabineros un carácter de militares y los “cobija” bajo el Código de Justicia Militar (cuando son delitos entre Carabineros y/o entre Fuerzas armadas), entre otros enclaves autoritarios.

Como Agrupación elaboramos un texto alternativo de modificación de dicha ley. Respecto de ello, planteamos en su momento que la problemática de la “violencia policial” no pasa por revisiones y cambios en los protocolos de Carabineros, ya que el problema esta sustentado en la Identidad y Cultura Institucional de estos, al “sentirse y auto denominarse como Militares y ver a otro como el enemigo interno”.

También agregamos la Derogación o “puesta en paréntesis” del Código de Justicia Militar ya que conlleva a la existencia de dos Sistemas de Justicia y, como todo ciudadano, “en tiempos de Paz” Carabineros, Policías y Fuerza Armadas debieran responder a los delitos tipificados en el Código Penal, en Tribunales “civiles”, no militares, aunque sean actos de delitos en donde víctima y victimario sean ambos policías y/o militares.

Pese a que fue un avance el que hoy los delitos de Carabineros en actos de servicio sean investigados y penalizados por la justicia ordinaria y no por la justicia militar; al ser víctimas civiles, sin embargo hay elementos que se alejan de un debido proceso: solo prisión preventiva en recintos diferenciados, "dadas de baja" que son sumarios internos más que desvinculación-expulsión de la institución policial y muchas otras garantías en comparación con un civil cuando se le acusa de haber cometido un delito.

Es en este marco que, por experiencia, como Agrupación de víctimas de violencia policial, desconfiamos de la institucional ya que la respuesta a la carta antes referida, entregada a la Presidencia, tuvo como respuesta un NO, aludiendo a que, en consenso con todos los sectores políticos (incluido el Frente Amplio) se había acordado la modernización de Carabineros y no las propuestas que nosotros estábamos “entregando”.

Algo similar ocurrió con la entrega de carta y propuesta de generar un Programa de Reparación integral para víctimas de violencia policial, desde el “retorno a la Democracia hasta el día de Hoy”.

Al respecto se nos respondió “se ha tomado conocimiento de correspondencia”
Es en este marco que se fortalece la postura abolicionista respecto de la Institución de Carabineros y marcamos claramente que el accionar de la Agrupación ha sido una experiencia clara para decir: no hay forma por la vía institucional para “reformar” Carabineros.

Se reafirma entonces la necesidad de disolver esta Institución criminal no sólo manchada de sangre sino que de casos de corrupción y desfalcos a los dineros públicos.

Como Agrupación a su vez hemos sido parte desde el 2011 en delante de una enorme diversidad de movilizaciones contra la represión y las violaciones a los Derechos Humanos, constatando que esta es una práctica extendida en el Estado de Chile contra de quienes se movilizan, ya sea por política de la ex Concertación como de la derecha de Piñera.

Dicha situación sólo se profundizó y multiplicó luego del 18 de octubre, pero era ya una realidad latente en las poblaciones, en sectores populares, en las luchas obreras y populares, como hemos podido ratificar como agrupación luego de años de trabajo y apoyo a casos.

A su vez se vuelve necesario reafirmar la complicidad de la justicia, que opera para mantener en impunidad a los represores y castiga duramente aceptando montajes policiales para apresar a jóvenes luchadores como hemos visto dramáticamente el último año.

En ese sentido es que a raíz de la experiencia común es que hemos llegado a la conclusión colectiva de que Carabineros es irreformable. Su espíritu y su origen es el de reprimir para defender los intereses de los ricos y poderosos, y la impunidad que se les ha garantizado es parte de ese “pacto” contra cualquier transformación.

Esta es una experiencia particular en nuestro trabajo como Agrupación, pero también lo dicta así la historia y la experiencia internacional: la policía funciona como parte del aparato de represión del Estado al servicio de los grandes empresarios y su orden.

Vemos la necesidad de avanzar a la disolución de esta Institución criminal que tantas vidas ha cobrado, lo que se conquistará a través de la más amplia movilización popular y unidad en las calles en la pelea por demandas democráticas básicas como la libertad de los presos políticos de la revuelta, el fin de las leyes represivas para avanzar a la disolución de Carabineros por la vía de la lucha, experiencia que nos ha legado la rebelión popular de octubre y la huelga general del 12 de noviembre del 2019.

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