Un nuevo fallo de la justicia, condena a ex agentes de la DINA por casos de secuestro y desaparición de militantes de izquierda, durante la dictadura militar. Un nuevo falló se que se da en el marco de los 50 años del golpe de Estado organizado por Pinochet.
Lunes 5 de junio | 01:26
La ministra Marianela Cifuentes Alarcón, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ha emitido una condena histórica hacia tres exjerarcas de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su participación en el secuestro calificado de Leopoldo Daniel Muñoz Andrade, llevado a cabo en el marco de la infame "Operación Colombo". Esta condena representa un paso en la aun insuficiente justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Pinochet.
Los ex oficiales de Ejército César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko han sido encontrados culpables y sentenciados a 10 años y un día de presidio como autores de este delito. Sin embargo, más allá de estas condenas individuales, resulta fundamental reconocer que la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura no puede limitarse únicamente a unos pocos actores.
La persistencia de silencios y complicidades, especialmente por parte de la derecha y las altas jerarquías militares, continúa siendo un obstáculo para alcanzar una plena justicia en estos casos. Es imperativo que se investigue a fondo y se responsabilice a todos aquellos que participaron y encubrieron los horrores del régimen dictatorial, independientemente de si eran civiles o militares.
La figura de Leopoldo Muñoz Andrade, un joven estudiante de 22 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), simboliza a las miles de víctimas que sufrieron la represión de la DINA y que aún esperan respuestas sobre su paradero. Su detención arbitraria, los traslados a diversos centros de detención clandestinos y su desaparición, son solo una muestra de la crueldad y el terror impuestos por el régimen dictatorial.
El fallo de la ministra de justicia es un paso hacia el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de los derechos fundamentales vulnerados en ese oscuro período de la historia de nuestro país que incluso, 50 años después, aún es defendido como se vió con el representante del partido Republicano Luis Silva.
Sin embargo, esta lucha por la justicia debe trascender los límites de un solo caso. Es necesario enfrentar los silencios y complicidades que aún persisten en el ejército, los partidos y los civiles que fueron cómplices de la dictadura. Solo así podremos honrar la memoria de todas las víctimas de las terribles violaciones a los derechos humanos.
La "Operación Colombo" y otros montajes comunicacionales perpetrados por la dictadura militar buscaron encubrir y distorsionar la verdad, desinformando y negando la existencia de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es fundamental desmantelar estos mecanismos de impunidad y reconstruir la historia basada en la verdad, la memoria y la justicia. Solo así podremos avanzar en justicia y reparación para las familias de quienes aun no encuentran a sus familiares desaparecidos.
