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Informe PNUD: 91% de la población en Chile considera que el país "está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos"

De acuerdo al reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina y del Caribe "la gente es muy consciente de lo desigual que es la región actualmente— muy alejada de la distribución deseada del ingreso. Esto va acompañado de percepciones generalizadas de injusticia, no solo en la distribución del ingreso sino también en el acceso a los servicios públicos y con respecto a las garantías legales", entre otros aspectos que muestran la brutal desigualdad y pobreza que afecta a millones de personas y que se ha agudizado en pandemia.

Viernes 25 de junio

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina y del Caribe (ALC), la aplastante mayoría de la población de la región considera que existe una brutal desigualdad e injusticia, y que los respectivos gobiernos velan por los intereses de una minoría; de los grandes grupos económicos que concentran las riquezas.

De acuerdo al informe, "A pesar de décadas de progreso, mucho del cual podría desaparecer con la pandemia de COVID-19, dos características de la región se han mantenido en gran medida inalteradas: la alta desigualdad y el bajo crecimiento (...) la región sigue siendo la segunda región más desigual del mundo, y los países de ALC tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares".

Esto es totalmente respaldado por la opinión de la población: "la gente es muy consciente de lo desigual que es la región actualmente— muy alejada de la distribución deseada del ingreso. Esto va acompañado de percepciones generalizadas de injusticia, no solo en la distribución del ingreso sino también en el acceso a los servicios públicos y con respecto a las garantías legales", entre otros aspectos que muestran la brutal desigualdad y pobreza que afecta a millones de personas y que se ha agudizado en pandemia.

El informe, además, da cuenta de ciertos sectores de la sociedad aún más golpeados: "Las brechas de género en participación laboral y horas de trabajo no remunerado, dedicadas a actividades de cuidado, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego desigual. Las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos. Las minorías étnicas continúan sin reconocimiento como agentes económicos y políticos activos y rezagadas en el acceso a los servicios básicos, incluida la salud y la educación".

Concentración del poder económico y político. Chile dentro de los países donde más se ve esta desigualdad

La brutal desigualdad es clara, se vive, palpa y siente cada día por millones de personas. Tan así que "existe un acuerdo abrumador entre la población latinoamericana de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. En 2020, el 77 por ciento de la población de la región creía que esto era así, y la proporción alcanzó el 95 por ciento en Paraguay y el 91 por ciento en Chile y Costa Rica".

Estos datos reafirman una realidad que se sabe. No por nada ha habido diversas rebeliones y "estallidos sociales" en países como Chile, Ecuador, Colombia, entre otros, donde en todos se expresan las consecuencias de décadas de saqueo de los recursos naturales, de los derechos básicos de las personas, y de políticas neoliberales que han privatizado servicios públicos y sociales, entre otras calamidades. Esta situación se ha profundizado aún más con la pandemia del coronavirus, que arrojó a millones de personas a la pobreza y millones más pasaron a la "extrema pobreza".

Pero en esta crisis sociosanitaria que vivimos hay un puñado que ha ganado más que nunca. Los grandes capitalistas, transnacionales, banqueros y políticos empresariales han obtenido las mayores ganancias, tan así que las y los principales millonarios del mundo son aún más ricos en plena crisis, tal como lo anunció la revista Forbes hace unos meses.

No solo se hacen más ricos los grandes capitalistas y dueños de los países, sino que además la concentración de la riqueza es tan brutal que ni siquiera pagan grandes sumas en impuestos; esto gracias a los favoreces que les hacen sus amigos políticos empresariales. Tan así que el informe señala que "los países de ALC recaudan impuestos más bajos como porcentaje del PIB que los países con niveles similares de desarrollo o desigualdad y también tienen una proporción limitada de recaudo fiscal proveniente de impuestos sobre las rentas personales. Si bien el patrón de bajos niveles impositivos y escasez relativa de recaudo fiscal proveniente de impuestos sobre la renta puede ser resultado de diferentes factores, uno de ellos es el grado de influencia empresarial en la esfera política. De hecho, las grandes empresas y los dueños de negocios en América Latina son en parte responsables de mantener baja la tributación efectiva y de alejar los sistemas fiscales de impuestos más progresivos, a través de su proximidad al poder político. Esta influencia se ejerce a través de interferencia en las reformas tributarias, en formas que van desde el bloqueo a los aumentos de impuestos a los negocios y a sus propietarios, hasta poner en peligro los recursos fiscales a través de la presión por exenciones y subsidios para sus operaciones, que desplazan el gasto redistributivo".

Lo anterior lo vemos claramente en la actual discusión sobre el proyecto de royalty minero, propuesta hace meses y que continúa siendo pateado por el Congreso, específicamente por el Senado, donde desde hace semanas se les está dando tribuna a ejecutivos, gerentes y autoridades de las grandes mineras, es decir, representes del gran capital.

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Claramente, la actual crisis sociosanitaria ha recaído sobre los hombros de mujeres, hombres, jóvenes de la clase trabajadora, de poblaciones y barrios populares, que han quedado sin trabajo o han visto sus sueldos pulverizarse; que han tenido que salir a vender como puedan a las calles, exponiéndose al virus; que han visto morir a sus seres queridos; que ven con repudio cómo una minoría saca ventaja de semejante tragedia.

Los pueblos ya no pueden seguir pagando los costos de la crisis. Esta debe ser pagada por los capitalistas, por quienes durante décadas han saqueado los recursos naturales, las tierras, los mares, a costa de la explotación y brutal desigualdad.

En el caso de Chile son familias como Luksic, Ponce Lerou, Matte, Solari, y grupos económicos como BHP (Escondida), Angloamerican, los que deberían costear la crisis, partiendo por el pago de impuestos extraordinarios que sirvan para financiar un plan de emergencia para combatir la crisis actual, inyectar recursos a la salud pública, mejorar las condiciones del sector salud, partiendo por sus trabajadores, asegurar sueldos de emergencia, entre otras medidas urgentes.

Los recursos están, a pesar de las bajas coyunturales del precio del cobre, después de llegar a su máximo histórico superando los US$4,8 la libra, el metal no baja del umbral de los US$4. Si solo BHP, en una de sus mineras como Escondida, durante la pandemia aumentó en 115% sus ganancias el último año, podemos imaginar el nivel de miles de millones de dólares que han entrado hasta ahora a las 10 mineras privadas más grandes de cobre; las mismas que entre los años 2005-2015 se llevaron más de US$120 mil millones con un precio similar al actual.

La única forma de conquistar este plan será confiando en nuestras propias fuerzas. No podemos esperar a que los mismos de siempre, que nos impusieron vivir bajo la herencia de la dictadura, o las peleas por migajas más o menos como lo mostró la discusión del “acuerdo de mínimos comunes” entre el Gobierno y Provoste, decidan por la vida de millones.






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