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Red Internacional

Antofagasta.Incendio en campamentos, la municipalidad se cruza de brazos: a organizar la ayuda obrera y popular

Al inicio de esta semana un nuevo incendio afectó a familias que habitan en los campamentos de Antofagasta. En esta ocasión fueron 30 casas ubicadas en el macrocampamento Villa Constancia II, en Martín Luther King con Teniente Urbina. Los comités afectados fueron 2 del macrocampamento, Mirando al mar y Mirador de la portada. Se hace urgente organizar la ayuda obrera y popular.

Natalia SánchezConcejala Municipal de Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de la Salud "Abran Paso"

Lunes 6 de diciembre de 2021 | 02:23

En la recta final de la elección presidencial, la crisis de la vivienda ha estado en segundo plano, sin embargo, la gravedad de la problemática está latente, en especial en regiones como Antofagasta, donde el déficit total de viviendas se estima que supera las 25.000 unidades habitacionales entre familias allegadas y quienes habitan en viviendas irrecuperables, a lo que debemos sumarle que durante la pandemia los campamentos llegaron a 79, albergando a más de 7.641 familias (21.227 personas), según los datos del Ministerio de Vivienda.

Hace unos días la vocera del presidenciable de ultraderecha José Antonio Kast y sobrina nieta del dictador Pinochet, Macarena Santellices, señaló que es posible encontrar viviendas entre 10 y 20 millones, lo que generó una ola de reacciones, porque ni siquiera en zonas rurales es posible acceder a una vivienda a ese valor.

Es realmente brutal cómo el déficit de viviendas afecta a miles de familias, en la región que concentra una de las principales actividades económicas del país, y donde este problema contrasta con las ganancias concentradas de la gran minería: por ejemplo trasnacionales como Escondida reportaron este último trimestre US$ 2.663 millones de ganancias.

La violencia que recae sobre las familias no es sólo por el déficit de la vivienda, sino también por la criminalización originada por esta misma falencia social, con ideas completamente fuera de lugar, como “quienes habitan en campamento viven gratis” o “no podemos retirar escombros de incendios, porque está fuera del área urbana”.

Debates en las alturas, números fríos que no expresan la realidad de millones de personas. Una omisión total de la responsabilidad de las autoridades y de un sistema burocrático que alimenta situaciones de corrupción y clientelismo como el caso del consejero regional de derecha Guillermo Guerrero Tabilo de Renovación Nacional (RN), quien incluso durante la última campaña electoral ofreció terrenos a comités de vivienda a cambio del voto.

Hoy, decenas de familias nuevamente son afectadas por los incendios, casas construidas con material ligero, importantes inversiones familiares para construir un sitio donde vivir, desde estudios topográficos hasta materiales, construcción que cada día están más caros hasta maquinarias para abrir calles, en un marco de bajos salarios, alto costo del arriendo por la especulación inmobiliaria, desempleo, una multicausalidad donde es imposible responsabilizar a la cara visible de este problema.

La solución que entregan las autoridades no sólo no resuelve el problema, sino que además su propuesta parche produce otros conflictos. Frazadas y colchones para las familias, la posibilidad de un subsidio de arriendo de $150.000 que no alcanza ni siquiera para una pieza.

Frente a esta incertidumbre las familias deciden cuidar el suelo para vivir, quedándose en carpas con sus hijos y con la solidaridad de su alrededor para acceder a agua, alimentación, baño, etc.

La urgencia apremia, la demanda de los vecinos es ayuda para trasladar los escombros y poder volver a construir, sin embargo, las autoridades se muestran de manos cruzadas, por “supuestas normativas y permisos interminables”.

Resulta que esta emergencia no es gestionada, escudándose en malas gestiones como no poder intervenir porque está fuera de la regulación municipal, además de la justificación de la gobernación que no podría trasladar los escombros por no contar con un recinto habilitado y con un casi un centenar de recicladores desocupados por fuera de Chaqueta blanca, una tras otra atadura. No es un problema nuevo.

Sigue operando la lógica de mercado de licitar los servicios públicos esenciales que necesita la comunidad, como la recolección de residuos y escombros, negocios para los empresarios, subcontrato para los trabajadores, y servicios públicos desmantelados y limitados que finalmente no llegan a la gente.

En Antofagasta es urgente organizar la ayuda obrera y popular, para que la ayuda llegue a nuestros hermanos que menos tienen. Los sindicatos, los centros de estudiantes, las organizaciones barriales, populares y de la izquierda debemos tomar cartas en el asunto y poner la ayuda en movimiento.

Hace décadas que los movimientos por la vivienda, han planteado la radicación, para así urbanizar campamentos y mejorar las condiciones de vida: regularización legal del terreno, mejorar la construcción de viviendas e instalación de servicios básicos como agua, luz, grifos, etc. Hoy las empresas de agua y luz solo lucran beneficiándose de la instalación de medidores comunitarios sin distinción para las familias. Llegan las cuentas pero no los alcantarillados, pero aún así las pobladoras y pobladores se han organizado y levantado el apoyo de profesionales que han evidenciado que si es lugar donde vivir, solo faltan las garantías de derechos, nada está ganado.

Como todos sabemos en Antofagasta no hay escasez de suelo, por eso es necesario un plan de vivienda financiado por el Estado, donde trabajadores, comités de viviendas y organizaciones populares y profesionales se pongan a la cabeza de administrar y así poder terminar con el negocio inmobiliario.

Sigue leyendo: Antofagasta, ¿Qué explica el déficit de vivienda en una región




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