El viaje de Gabriel Boric tuvo un objetivo claro y no es más que la continuación de una agenda represiva que a gritos ha buscado instalar la derecha y a la cual el gobierno ha cedido como se ha expresado en el territorio mapuche, así como también en las fronteras del país frente a la situación migratoria.
Durante su última día de su estadía en Arica, en medio del Consejo Nacional de Seguridad Pública , Gabriel Boric presentó más de 30 medidas acordes Plan Nacional de Seguridad y Prevención del Delito, lo que consiste principalmente en reformar a la fuerza policial, creación de un Ministerio de Seguridad, control de armas, prevención del delito, protección de víctimas de violencia intrafamiliar, respetar los DD.HH, etc
Este proyecto fue presentado en conjunto con algunos miembro del gabinete , como la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches en compañía del subsecretario Manuel Monsalve; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Además contó con la participación de Ricardo Yañez, director de Carabineros, el director de la PDI, Sergio Muñoz; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y el fiscal nacional, Jorge Abbott
"Como gobierno estamos trabajando firme y vamos a abordar el problema de la delincuencia sin complejos y como prioridad de Estado. De manera transversal, intersectorial con todas las instituciones, y esperamos contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas y actores sociales que son muy importantes para detener el avance del crimen y ganarle esta lucha", señaló Gabriel Boric.
Proyecto que ya presenta contradicciones, si consideramos que dentro de los ejes esta la protección hacía las víctimas de delito, respetar los DD.HH y velar por la "seguridad" pero el propio gobierno ha impulsado políticas represivas como la militarización del Wallmapu, alienarse contra la liberación de los presos políticos de la revuelta, como también la presencia, y apoyo hacia Yañez quien ha sido involucrado en una investigación de Contraloría por responsabilidades administrativas del "uso de la fuerza de la policía durante las manifestaciones realizadas en el país", en el marco de la rebelión popular, además de manifestar apoyo a quienes han cometido homicidio defendiendo los intereses del gobierno turno.
Más allá de responder ante las necesidades de la población frente a la crisis sanitaria y para quienes más sufren por la inflación, este plan busca redistribuir los recursos de la fuerza policial quienes han recibido más recursos durante la pandemia que la educación pública o para el personal de salud que han afrontado las consecuencias de la pandemia.
Comienza la tercera gira nacional presidencial de Gabriel Boric, quien llega a la ciudad de Arica en medio de un escenario donde existe un profundo cuestionamiento a la situación migratoria, de seguridad y al déficit habitacional en la región. Todo esto en medio de un emplazamiento de la derecha, que tiene como intención la restitución del estado de excepción y presionar por el proyecto de infraestructura crítica que solo busca aumentar la represión.
El viaje de Gabriel Boric tuvo un objetivo claro y no es más que la continuación de una agenda represiva que a gritos ha buscado instalar la derecha y a la cual el gobierno ha cedido como se ha expresado en el territorio mapuche, así como también en las fronteras del país frente a la situación migratoria.
Las principales demandas de la población estuvieron lejos de discutirse, abordarse profundamente y buscar resolverse, por lo mismo es difícil hablar de un viaje “descentralizador”. Tal como hemos podido ver estos últimos 3 meses, el gobierno de Apruebo Dignidad (Frente Amplio y el Partido Comunista), han repetido las mismas viejas recetas de los partidos tradicionales, respaldándose en una profunda represión contra el pueblo trabajador, mapuche y migrante, además de cuidar los bolsillos de los grandes empresarios, buscando garantizar la gobernabilidad en medio de un proyecto de restauración del régimen. Para poder enfrentar la difícil situación económica que pasan las familias trabajadoras ariqueñas y del país, es necesario conquistar una salida obrera y popular, para que la crisis la paguen los grandes capitalistas y construir a través de las luchas que pelean las y los trabajadores, una alternativa política de la izquierda anticapitalista, de las y los trabajadores, socialista, que se proponga a poner fin a todas las herencias de la dictadura, sin transar con los intereses que defienden los viejos partidos del régimen.
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