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CORONAVIRUS

Funcionarios, camas y trazabilidad: Las medidas que Piñera no quiere tomar y que son claves para enfrentar la segunda ola

Con cerca de un mes de aumentos progresivos de casos de Coronavirus, la segunda ola ya se encuentra instalada en el país. A diferencia de la primera, se da de manera coordinada a nivel nacional, con un 25% menos personal de la salud y un chantaje de las clínicas privadas que no quieren aumentar las camas críticas que están ocupadas en un 92% promedio. El gobierno de Piñera privilegió los negocios privados como las “residencias sanitarias” y se negó a aumentar el presupuesto en salud y las consecuencias pueden ser catastróficas para el pueblo trabajador. Hay que invertir las prioridades garantizando el fin de la precarización de las y los funcionarios de la salud, la adecuada infraestructura y la trazabilidad.

Miércoles 20 de enero

Como venían denunciando diversos especialistas, científicos y trabajadores de la salud la segunda ola ya está instalada en el país y el gobierno no tiene ninguna estrategia seria para enfrentarla. Al evidente desgaste de los equipos de salud y la alicaída salud pública que nuevamente se encuentra totalmente sobrepasada con más del 90% de ocupación de camas críticas, se suma la negativa del sector privado para reconvertir camas críticas alegando que no recibieron la retribución correspondiente por las prestaciones al sistema público en la primera ola. Para los empresarios de la salud, literalmente valen más sus ganancias que nuestras vidas.

Las “cifras alentadoras” de Paris y la dramática realidad de la salud pública

De manera sorpresiva y en contra de todas las cifras el Ministro de Salud Enrique Paris, habló de cifras “alentadoras” en la última conferencia sobre la evolución de la pandemia. Lo que contrasta con las cifras de camas críticas ocupadas, que sin llegar aún al peak, se sitúan en un 92% (promedio nacional) de ocupación y el personal de salud disponible que se sitúa en un 25% menos producto del agobio laboral y la precarización del trabajo, sin contar los miles de empleos precarios que se generaron en la primera ola y que ahora ya no están.

Según el académico Tomas Pérez-Acle, parte de la mesa de datos Covid-19, ya hay transmisión comunitaria de la cepa británica del Coronavirus, una cepa que tiene mayor facilidad de transmisión y que ataca sobretodo a la población más joven. Pérez-Acle dijo que “las medidas del gobierno están apuntadas a proteger la economía más que la salud de la población”.

Según el experto en datos, la mejor herramienta para combatir la pandemia es la trazabilidad donde se llegan a cifras irrisorias. En la Región Metropolitana apenas se logra una trazabilidad promedio de 2,2 personas contactadas por infectado cuando el óptimo está entre 10 y 20, es decir, el nivel de trazabilidad ronda entre el 10% y 20% de lo requerido.

El cobre por el cielo, la salud por el suelo

Mientras las mayorías trabajadoras del país están arrojadas a la exposición, el contagio y en última instancia la muerte, los grandes millonarios, los “dueños del país” como Luksic, Piñera o Ponce Lerou amasan fortunas.

Como señalan en una columna Néstor Vera y Natalia Sánchez, médicos del Hospital Regional de Antofagasta, la región minera vive un alza sostenida de contagios registrando un 100% de ocupación de las camas críticas. Tal como ocurrió en la primera ola regional, las actividades mineras son una fuente importante de contagio.

La multimillonaria familia Luksic aumentó su patrimonio en la espectacular cifra de 84% acumulando US$19.800 millones. Los Luksic son dueños de Antofagasta Minerals, una de las principales mineras privadas del país. Julio Ponce Lerou, uno de los mayores accionistas de SQM, duplicó su patrimonio en 2020 pasando de US$1.700 a US$3.500 millones de dólares.

Medidas urgentes para enfrentar la pandemia

Para enfrentar la pandemia en esta nueva fase hay que cambiar radicalmente la estrategia para poner en primer lugar la salud del pueblo trabajador por sobre las ganancias de los grandes empresarios.

1. Contratación, descanso y fin a la precarización a las y los trabajadores de la salud: Asegurando el debido reconocimiento que merecen por ser la primera línea contra la pandemia (bono covid), la contratación de más personal para asegurar el debido descanso luego de casi un año arriesgando su vida, sin contratos precarios, estabilidad laboral y que no falten los EPP para combatir el virus. Por el contrario, Piñera y Paris solo aseguraron bajar las dotaciones de los hospitales y no capacitaron nuevas camadas de trabajadores.

2. Infraestructura hospitalaria: Mientras avanzó la crisis sanitaria, se dejaron de realizar decenas de miles de procedimientos hospitalarios presionando más la ya desfinanciada salud pública, por el contrario no se construyó nueva infraestructura y se privilegió el negocio sanitario con las clínicas privadas, los escándalos como el Espacio Riesco o las "residencias sanitarias" que benefician al capital hotelero. El extremo de la irracionalidad capitalista se muestra en que mientras el estado cerró el único centro de producción de vacunas del país en 2002 (El centro de vacunas del ISP), no le entrega los recursos para que la Uchile construya uno nuevo. Hay que invertir las prioridades, nacionalizando sin pago la salud privada, un impuesto progresivo a las grandes riquezas para construcción de nueva infraestructura.

3. Trazabilidad, control y aislamiento: Mientras el crecimiento de los exámenes PCR llegó apenas en diciembre al estándar de 50 mil diarios (cuando eso se necesitaba en julio según expertos), la trazabilidad sigue débil por falta de personal y por el ahorro del gobierno que destina solo a municipios. Como indicaba el académico Pérez-Acle hacen falta alrededor de 10 mil trazadores a nivel nacional. Esto para contar con datos concretos que permitan tomar decisiones adecuadas. Pero claro, para reprimir y comprar armamento de última generación a la corrupta policía hay millones. Se debe garantizar la efectiva trazabilidad, control y aislamiento de los lugares infecciosos por medio de comité de trabajadores de la salud desde la atención primaria de salud y las organizaciones de trabajadores de sectores productivos como en el caso de Chiloé donde los trabajadores del Salmón exigen el cierre de plantas por 14 días.

4. Ingreso mínimo de emergencia garantizado de $500 mil pesos: Para todos las y los trabajadores informales, cesantes e independientes. Este ingreso debe basarse en un impuesto progresivos a las grandes fortunas que se hicieron mucho más millonarios este año pese a la pandemia y a costa de que millones de trabajadores se arriesgan día a día al contagio y la muerte. La crisis no la pueden cargan en sus hombros las familias trabajadoras, el estado debe garantizar las condiciones necesarias para que quienes estén en comunas con altas tasas de contagio tengan un ingreso que permita la cobertura de las necesidades básicas, y esos recursos no pueden seguir saliendo del seguro de cesantía que son los ahorros de la clase trabajadora.






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