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Red Internacional

Política Nacional. Fin de año entre un gobierno de Boric con la ex Concertación y la esperanza de las iniciativas populares de norma en la Convención ¿Qué hacer?

Diversas organizaciones han presentado sus demandas a la Convención Constitucional a través del mecanismo de “iniciativa popular de norma constitucional”. Como el proyecto de nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro” impulsada por la convencional María Rivera y sindicatos mineros, el proyecto de “aborto libre garantizado por el Estado” presentado por una coordinación de organizaciones feministas o el proyecto por un sistema solidario de pensiones defendido por la coordinadora No+AFP.

Viernes 31 de diciembre de 2021 | 20:49

Las iniciativas populares de norma son uno de los mecanismos que tiene la Convención Constitucional, encargada de redactar una nueva Constitución política para Chile, para incluir la participación de la sociedad. Sin embargo se trata de un mecanismo estrecho y profundamente limitado. Cada iniciativa debe conseguir 15 mil firmas en un plazo breve de tiempo. Hasta el 20 de enero pueden ser ingresadas y deben juntar firmas hasta el 1 de febrero. Las iniciativas más votadas en el portal web de la Convención tendrán el derecho a ser discutidas por las comisiones respectivas quienes decidirán si son llevadas al pleno de la Convención y finalmente votadas por el organismo. Esto demuestra que la Convención no es una Asamblea Constituyente libre y soberana, basada en la sociedad real, sino un nuevo parlamento en donde pueden naufragar fácilmente las demandas sociales. Es un mecanismo estrecho y limitado en una Convención que ha demostrado querer respetar y mantener los poderes políticos constituidos del régimen.

En apenas cinco días la iniciativa popular por el aborto libre alcanzó rápidamente las 15 mil firmas. Eso expresa la larga lucha que ha dado el movimiento de mujeres a lo largo de los últimos años, con las marchas más grandes de todos los movimientos sociales en Chile y también en Latinoamérica. También expresa que hay expectativas y esperanzas en que la Convención y el gobierno de Boric escucharán finalmente las demandas planteadas en Chile y las resolverán favorablemente.

A decir verdad, ni la Convención ni el futuro gobierno de Boric han mostrado verdaderas intenciones de satisfacer las demandas sociales. En la Convención la centro izquierda compuesta por el Frente Amplio y la ex Concertación permitieron que el quorum de 2/3 se aprobara en el reglamento general permitiendo así sobredimensionar la representación de la derecha y extrema derecha. A su vez en todas las comisiones los convencionales de centro izquierda y los ex Lista del Pueblo, incluyendo también a la mayoría de los convencionales de pueblos originarios han corregido sus propuestas rupturistas producto de la presión de los partidos tradicionales.

Por ejemplo, en la Convención aunque no se quiera creer avanzan posiciones para revivir de cierta forma el modelo político presidencialista y reeditar una Constitución con una descripcion de poderes similar a la actual. El concenso mayoritario es por ejemplo repetir el régimen semi presidencialista y algunos por repetir hasta el cuestionado Senado el rol de las Fuerzas Armadas y también, el derecho a la propiedad privada y la libre empresa, que no es otra cosa que el derecho a que una minoría social pueda enriquecerse a costa de privatizar los recursos naturales y explotar a los trabajadores y trabajadoras del país. El futuro gobierno de Boric prepara su elenco de gabinete. Y esta semana ya se empezó a aclarar que el nuevo presidente tendrá al Partido Socialista (un partido neoliberal) en su gobierno y quiere integrar a otros para conseguir la tan añejada “unidad” con los partidos tradicionales. Las presiones de los empresarios, los inversionistas y sus economistas sobre Boric consiguieron que éste moderada y redujera buena parte de su programa inicial. Ahora se habla de gradualidad, de respetar la responsabilidad fiscal, de no afectar el derecho de los empresarios y también no afectar a las instituciones como Carabineros.

Las campañas de firmas por estas demandas pueden ser un buen punto de apoyo para impulsar de rearticulación de los movimientos sociales y sindicales que despuntaron en octubre de 2019. Para convocar asambleas, reuniones, coordinadoras y comandos en lugares de trabajo, estudio y territorios.

Pero, la acción de los principales sindicatos y organizaciones sociales no puede reducirse meramente a que los dirigentes presenten propuestas a la Convención o al nuevo gobierno de Boric. Eso sería un llamado a la espera pasiva, a la esperanza de que los que tienen el poder resuelvan nuestras demandas cuando no lo han hecho luego de dos años después de la rebelión popular de 2019. Sólo con la movilización y organización activa se podrán imponer las demandas pendientes planteadas en la rebelión. Es urgente que una izquierda revolucionaria pelee por esta estrategia para marcar un camino independiente al gobierno de Boric dialogando con cada una de las esperanzas sobre este futuro gobierno y la actual Convención.

Justamente la clave pasa por prepararse y organizarse desde ya. Durante los meses de enero y febrero. Luchar por la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo, un sueldo mínimo de 600 mil, el derecho al aborto, el fin de las AFP, salud y educación gratuita y de calidad, la liberación de los presos políticos de la rebelión y el fin de la militarización al Wallmapu, son demandas urgentes que no pueden encausarse exclusivamente en la actual Convención y en el futuro gobierno de Boric.




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