El pasado jueves, un estudiante de 16 años intentó quitarse la vida en un liceo de Santa Cruz, disparándose con un arma. Ante este hecho que expresa el agravamiento de los problemas de salud mental en la juventud, luego de dos años de virtualidad en pandemia, ¿Cómo responde el sistema de educación y de salud ante el alza de los trastornos de salud mental?, ¿Cómo afecta el empeoramiento de las condiciones de vida y el alza en el costo de vida en la salud mental de las mujeres, estudiantes, disidencias y trabajadores?
Tras la vuelta a clases presenciales, luego de casi dos años de virtualidad producto de la pandemia del coronavirus, la salud mental ha venido siendo un tema que ha dado mucho de qué hablar no solo en Chile sino en todo el mundo. Es así que con la pandemia ha quedado en evidencia el empeoramiento de problemas relacionados a la salud mental. En Chile, según el Termómetro de Salud Mental en Chile, señaló que de la población de encuestados, un 45,9% considera que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia.
Además se ha visto un aumento considerable en el aumento de incidencia y prevalencia en lo que respecta a los trastornos depresivos, aumentando un 27,6%, mientras que los trastornos de ansiedad aumentaron un 25,6%, datos publicados en un artículo de la revista The Lancet. A estas cifras se suma que según UNICEF la violencia intrafamiliar (VIF), se considera una de las principales fuentes de trastornos mentales, donde un 71% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios. Finalmente y pese a las alarmantes cifras, Chile presenta un miserable financiamiento de salud mental.
Bajo este contexto, han tenido lugar hechos como el ocurrido durante la tarde de este jueves 7 de abril, al interior del Liceo de Santa Cruz, Región de O’Higgins. Donde un joven de 16 años de edad se disparó en la sien, con un arma de calibre menor, en medio del patio del establecimiento educacional mientras sus compañeros se encontraban en clases. Por lo que fue trasladado con riesgo vital al hospital de la zona y cuya condición de salud aún se mantiene extremadamente grave.
Ante estos hechos, la directora del liceo emitió un comunicado confirmando que el estudiante afectado fue auxiliado, y declaró la suspensión de las clases presenciales, sin embargo, no emitió ninguna palabra acerca de la responsabilidad del liceo sobre los problemas de la salud mental que afectan a estudiantes.
Hemos visto cómo los establecimientos educacionales (y más aún los de índole religiosa) se desligan de los problemas de salud mental que por diversos motivos puedan afectar a las y los estudiantes, donde en reiteradas instancias los docentes tienen que hacerse cargo de consolar a estudiantes, mientras esos mismos establecimientos no cuentan siquiera con el personal capacitado, como por ejemplo psicólogos.
Por otro lado, existen figuras políticas como el alcalde de Santa Cruz, Wiliiam Arévalo, quien frente a este hecho adoptó un discurso que aborda la situación como un problema de falta de medidas restrictivas dentro de los establecimientos educacionales. Indicando que “Lamento que la ley hasta hoy no faculte a los establecimientos de realizar revisiones de mochilas en los colegios (...) Los jóvenes llegan con armas blancas, con drogas. Hay un efecto post-pandemia que quizás no se está visualizando y hay que tomar cartas en el asunto ya, como política de estado".
Es decir, no existe una política orientada a elaborar un plan serio para contener los problemas de salud mental en los establecimientos educacionales, no obstante, buscan implementar políticas para reprimir y criminalizar a les estudiantes. Ante lo cual cabe preguntarnos, ¿Se acaba el problema de salud mental revisando las mochilas de les estudiantes?. Difícilmente se podrá dar una respuesta seria al problema de la salud mental en Chile sin partir por algo tan básico como tener contención y orientación psicológica para profesores, alumnos y familiares, lo cual corresponde a una falencia que es consecuencia directa de un sistema educacional de mercado que prioriza el lucro en la educación antes que el derecho a una educación de calidad.
La vuelta a clases en las aulas mostró crudamente el estado crítico de la educación pública, el abandono por parte del Estado, los insuficientes recursos destinados y el desprecio por parte de las autoridades, muchas de ellas de los mismos partidos del régimen que durante años han hecho negocios a costa de este derecho. Hoy nos encontramos con hechos catastróficos y aberrantes como que existen colegios que no tienen psicólogas, como los establecimientos de San Miguel que la corporación ha dejado sin psicólogos o bien, casos menos graves que en liceos en Antofagasta, tengan tan solo dos psicólogos para más de 1000 estudiantes.
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El problema de la salud mental en los colegios y liceos responde no solo al sistema de educación que, como hemos visto está en crisis, sino que también de conjunto a un sistema de salud que como vimos durante la pandemia se caía a pedazos, tal como señalamos anteriormente, el presupuesto en salud y salud mental es miserable, no asegurando una atención oportuna y de calidad para las y los pacientes, respondiendo también a una falta de personal capacitado en el área además de especialistas y subespecialistas, e incluso sin contar con la infraestructura necesaria que dé abasto para la atención de los pacientes.
El programa de salud mental del gobierno de Gabriel Boric es completamente insuficiente, puesto que si bien señala el aumento del presupuesto en salud mental, entre otras medidas, no apunta ni llama a cuestionar cuál es el problema de fondo. ¿Qué expresa el aumento de los trastornos mentales en las familias, mientras cada día empeoran las condiciones de vida? Para partir hablando de salud mental y cómo mejorarla incluso en términos de prevención en salud, es fundamental poner en cuestión cuál es la calidad de vida de las y los estudiantes, las mujeres, las disidencias y del pueblo trabajador en su conjunto, con altas jornadas de estudio y laborales, bajos sueldos, especulación financiera y subida indiscriminada del costo de la vida (precios alimentos, vivienda, etc.)