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FONDO DE PENSIONES

Entre el antidemocrático TC y las limitaciones del FMI se echa a suerte el tercer retiro del 10%

Este jueves, fue aprobado en la Cámara de Diputados el tercer retiro de los fondos de pensiones y llevado a discusión al Senado. Mientras que el gobierno de Piñera llevó el requerimiento al Tribunal Constitucional y el FMI anunció rechazarlo, son millones de trabajadores que se encuentran pagando la crisis sanitaria y económica. Es urgente un plan de emergencia para que la crisis no la paguen las y los trabajadores.

Teresa Melipal

Santiago de Chile

Viernes 16 de abril | 12:43

El día de ayer la Cámara de Diputados despachó el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones al Senado. Fue una extensa jornada, sobre todo para los partidos de Chile Vamos quienes tuvieron complicadas horas para alinearse ante las críticas hacia el gobierno por llevar el requerimiento al antidemocrático Tribunal Constitucional.

"Nuestra propuesta no debilita", dijo Piñera esta mañana en una conferencia de prensa, rechazando la propuesta de dar marcha atrás al Tribunal Constitucional.

Es que el debate del tercer retiro del 10% en una segunda ola de contagios de Covid-19 se vuelve necesario ante las suspensiones laborales y despidos ante una tasa de 10,3% de ocupación nacional, la cual aumentó en 2,5 puntos porcentuales en doce meses según indicó el INE. El gobierno ha respondido con el Ingreso Familiar de Emergencia y un "bono clase media", medidas que corresponden a mayores requisitos para sectores de la clase trabajadora y no todos han accedido a estos beneficios.

Mientras que a la par se discute el impuesto a los súper ricos desde las esferas internacionales de la ONU hasta en sectores de la vieja Concertación, como el demócrata cristiano Matías Walker, ante la brutal desigualdad de ingresos en el país que la revista Forbes visibilizó al publicar el aumento de más del 70% sus fortunas de las familias más ricas del país, entre ellas la familia del mismo presidente Sebastián Piñera.

Pero no es sólo Piñera y los "chicago boys" quienes se oponen al tercer retiro del 10% -como el eterno candidato de la ultraderecha Joaquín Lavín (UDI) quien insistió al gobierno-, también lo es el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien se pronunció en rechazo al proyecto: "es seguir deteriorando un factor estructural del sistema de pensiones en Chile cuando no es necesario", planteó Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI. Se trata de la defensa de uno de los pilares del "oasis" neoliberal, el mantenimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones que aumentan las ganancias de los grandes empresarios y transnacionales.

Ante este escenario las organizaciones gremiales y sindicales de trabajadores poco y nada se han pronunciado. La CUT ha llamado a una "huelga general" para este 30 de abril pero sin organizarla desde las bases, una medida criminal ante el poder que tiene la principal central de trabajadores para organizar asambleas en los puestos de trabajo y planificar una gran movilización en contra de los despidos, la derogación de la maldita Ley de Protección del Empleo y un sueldo mínimo superior a los 500 mil pesos. Es por esto necesario que las organizaciones sindicales, organismos de trabajadores y organizaciones políticas de izquierda organicemos un polo para conformar una "huelga sanitaria" en perspectiva de lucha y por un plan de emergencia que no se sostenga sobre nuestros hombros y nuestras familias.

Levantemos un plan de para que la crisis la paguen los empresarios y no las familias trabajadoras que parta por: 1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000; 2) Prohibición inmediata de los despidos y suspensiones, asegurando el pago íntegro del salario y la derogación de la Ley de Protección al Empleo. La creación de Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo para decidir la suspensión de labores no esenciales o readecuación, y la paralización total de toda actividad no esencial; 3) Unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios; 4) Fin al toque de queda y de militarización. Derogación de las leyes represivas y libertad a los presos de la revuelta; y 5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar el plan de emergencia.






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