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Red Internacional

Debate. Detención de Llaitul: Convergencia Social y el Partido Comunista justifican la prisión política en Chile

Tras la detención de Héctor Llaitul esta semana, tanto el partido de Gabriel Boric, Convergencia Social como la vocera de gobierno Camila Vallejo del Partido Comunista, justificaron y aplaudieron la acción de la justicia. Los partidos de izquierda reformista del gobierno se matriculan con su primer preso político siguiendo y profundizando la línea de la derecha de Piñera. Y todo mientras despliegan la campaña por el apruebo prometiendo un país "plurinacional". En menos de seis meses de gobierno pasaron de declarar que su gobierno "no perseguiría opiniones" a reconocer que meten preso a Llaitul por sus dichos. El Partido Comunista y el Frente Amplio se preparan así a ser los nuevos administradores para restaurar la gobernabilidad del estado capitalista chileno en favor de los grandes empresarios.

Sábado 27 de agosto | 03:05

Tras la escandalosa audiencia que dejó con prisión preventiva por 30 días al dirigente de la CAM Héctor Llaitul, los partidos de gobierno salieron a hacer una defensa cerrada del actuar del Poder Judicial y de la antidemocrática herramienta de la Ley de Seguridad del Estado (LSE). La vocera de gobierno Camila Vallejo (PC) dijo que respaldaban y saludaban la decisión del Juzgado, y Convergencia Social declaró que los "procesos judiciales deben seguir su curso institucional" respaldando la antidemocrática decisión. Paradójicamente esa ley que hoy es utilizada por el PC para encarcelar al dirigente mapuche, es la continuadora de la llamada "ley maldita" que promulgó el gobierno de González Videla para perseguir a los militantes del PC en 1948 y que luego los sucesivos gobiernos de turno, han utilizado para perseguir a dirigentes sociales, del movimiento obrero y la disidencia política.

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Así, el otrora perseguido Partido Comunista y el Frente Amplio pasan a la historia como un gobierno continuador de la prisión política contra el pueblo mapuche, tal cual hicieron los gobierno de la Concertación y el propio Piñera. Como lo señaló el abogado del gobierno querellante en la causa, a Llaitul no se le persigue por su autoría o participación en hechos delictuales, sino por su "doctrina política". Esta detención, se trató de una operación política digitada desde las altas esferas del Poder Judicial (como mostró la investigación de Interferencia) y las policías para poner a la defensiva al gobierno y al apruebo a menos de dos semanas de la elección.

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Pero esta política contra el pueblo mapuche y continuadora de los gobiernos de los "30 años" no es al azar. Se trata de una política sistemática de esta nueva izquierda en el poder, para ganarse la confianza de los grandes empresarios y los dueños del país. Pasaron de señalar que no "perseguirían ideas" como dijo el presidente Boric a hacerlo. De, anunciar una agenda antirepresiva donde incluso proponían derogar la antidemocrática Ley de Seguridad del Estado, a ahora, utilizarla contra dirigentes del pueblo mapuche.

El Ministro de Hacienda Mario Marcel (ex PS), uno de los principales funcionarios de la transición, fue el encargado de declarar la línea estratégica del gobierno. De lo que se trata es “completar exitosamente la transición política e institucional en marcha”, agregando que “todo indica que, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, el proceso constituyente no va a concluir el 4 de septiembre”. Aseguró que “volver al país previo al 18-O del 2019 no es una opción. Tampoco lo son las utopías irrealizables. Hay una demanda por respuestas concretas, viables y graduales”. Boric dijo que tras el plebiscito no puede haber "vencedores ni vencidos". De lo que se trata es retomar la gobernabilidad a través de grandes acuerdos con la derecha y la concertación.

Para hacerlo, una de las tareas estratégicas es recomponer la autoridad del estado en el Wallmapu donde se concentran cerca del 70% de las plantaciones de la industria forestal, la segunda rama económica más importante en términos de exportación tras la minería. El PC se convierte así en guardián al servicio de la CMPC de los Matte y Arauco de los Angelini, las dos empresas más relevantes del rubro y parte de dos de las familias más poderosas del país. La campaña de restauración que comanda el apruebo del gobierno tiene este trasfondo.

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Sin embargo, no está para nada dicho que el intento de una nueva transición, de reeditar la política de los consensos y de hacer frente a la crisis económica y social con recetas neoliberales “progresistas” tenga éxito. Los poderosos harán todo lo posible para restaurar la gobernabilidad del régimen burgués para mantener sometido y subordinado a la clase trabajador y el pueblo. Para evitarlo, resulta indispensable impulsar una alternativa política independiente desde las y los trabajadores y los sectores populares, que se plantee no sólo en oposición por izquierda al gobierno de Boric, sino también desenmascare el nuevo fraude histórico que fraguan con la nueva Constitución e impulse un programa para que la crisis la paguen los capitalistas retomando el camino de la movilización y lucha en las calles.


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