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Red Internacional

PRESOS POLÍTICOS.Declaran admisible querella contra pleno de la Corte de Apelaciones por delito de prevaricación sobre caso Juez Daniel Urrutia y 13 presos de la revuelta

El abogado, Fernando Leal, señaló para La Izquierda Diario que esta querella interpuesta por Olga Torres Guerrero, busca indagar a los magistrados que ordenaron revertir la resolución del juez de garantía Daniel Urrutia, quien sustituyó la prisión preventiva por una medida acorde a las condiciones de emergencia sanitaria y las causas de 13 jóvenes de la primera línea, razón por la cual lleva más de un año sancionado de forma arbitraria.

Javiera MárquezSantiago de Chile

Sábado 22 de mayo | 13:27

Respecto a la querrella admitida el 12 de mayo, Leal enfatizó en la relevancia de este caso ya que “hay un contexto, donde se ha hablado hasta el hartazgo de si las personas que se encuentran privadas de libertad a causa del estallido social, son o no presos políticos, nos encontramos con este caso donde un juez de la república en uso y ejercicio de sus facultades legales, en virtud del artículo 145 del Código Procesal Penal que le permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar de menor intensidad y el pleno de la Corte, sin tener la facultad para revertir de oficio esta medida cautelar, lo hace y además sanciona y persigue al magistrado”.

Cabe destacar, que las 13 personas imputadas por desórdenes públicos, lo que tiene baja penalidad, tenían conducta anterior irreprochable y, sumado al contexto de emergencia sanitaria, es absolutamente apegado a la ley la determinación de Urrutia, quien actuó conforme al ejercicio de sus facultades y sustituyó la prisión preventiva el 25 de marzo del año 2020.

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Con excepcional celeridad y sin justificación legal, esa misma jornada, se reunió el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago convocado por la ministra Dobra Luksic, y no por el Presidente titular, don Hernán Crisosto, para dejar sin efecto, lo resuelto por Urrutia. Para Leal esto se hizo fue en forma “absolutamente ilegal y contraria al derecho”, agregando que “además, de revertir ilegalmente la medida que sustituyó, se le persigue, se le sanciona, él siendo dirigente gremial y, sabiendo los ministros aquello, lo trasladan del 7mo Juzgado de Garantía y lo mandan al Tribunal de Cobranza Laboral”.

En ese sentido, recalcó que “claramente hay una afectación a distintas garantías y derechos tanto de los 13 imputados a quienes se les cambió la medida cautelar como también del magistrado Urrutia y es ahí donde uno se pregunta si ¿el poder judicial está respetando las garantías y derechos de las personas?, ¿está respetando los tratados internacionales? A mi juicio no lo está haciendo”.

Leal sostiene que “son personas que podían estar con medidas cautelares distintas, pero mantuvieron la prisión de forma absolutamente ilegal y no menos que pudiendo conocer la ley, porque la conocen, son abogados, son ministros, ellos sabían que el pleno no tiene facultades para dejar sin efecto una resolución dictada por un magistrado que en uso de sus atribuciones, especialmente en un tema relacionado con la sustitución de la prisión preventiva y, sin embargo, lo hicieron”.

“Entonces creemos que acá se dan los elementos de los tipos penales de la prevaricación judicial y es por eso que es importante que se aclare que se transparente esto y que se sancione a los culpables, porque se está afectando la independencia de los jueces, afectando las garantías de las personas y ese tipo de abusos no se pueden seguir dando en el sistema judicial”.

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La investigación ya está en manos del Fiscal Patricio Moore Monti. Los querellantes pretenden que se investigue por un Fiscal Regional o por un persecutor de Alta Complejidad, dado que los eventuales imputados son de Ministros de Corte.

La injustica que tenemos

El caso del juez de garantía Daniel Urrutia, pone en evidencia una vez más la arbitrariedad del sistema judicial en Chile. La impunidad de los crímenes y violaciones contra los derechos fundamentales en la dictadura tienen continuidad en la persecución y criminalización que existe hoy contra quienes se manifiestan o denuncian estas vulneraciones.

El Poder Judicial como parte de un Estado capitalista, responde a los intereses de una clase en particular. No es una excepción que mientras les rebajaron condena a 62 violadores de Derechos humanos de Punta Peuco, que cumplieron parte de su sentencia en una cárcel de lujo, hayan criminalizado a la juventud pobre, sin un fallo y privándolos de libertad en cárceles comunes, en condiciones de hacinamiento en plena crisis sanitaria.

Si en realidad queremos acabar con la herencia de la dictadura, es necesario terminar también con este sistema judicial que es capaz de dejar archivados más de 2.500 de las denuncias por violaciones a los derechos humanos de la rebelión popular de octubre de 2019, pese a que son delitos imprescritpibles.

La justicia que necesitamos

A propósito del proceso constituyente se ha puesto en cuestión los pilares de este régimen que ha gobernado para una elite, donde el sistema judicial, es un pilar fundamental.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos está impulsando una campaña por los 7 Principios para el nuevo Poder Judicial de la Democracia, apuntando a que cargos de ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema sean declarados en interinato en el proceso constituyente, llamándose a concurso público una vez aprobada la nueva constitución, con el requisito indispensable de que quienes postulen sean personas intachables y que en su vida profesional hayan aplicado y promovido los Derechos Humanos.

En ese sentido, me parace que el desafío de nuestra época es terminar con una casta acostumbrada a enriquecerse fraudulentamente, porque son castigados luego con clases de ética, no respetan ni las leyes de su propio Estado.

Para eso sería necesario que exista elección de los jueces y funcionarios judiciales, esta debe ser directa, por voto universal para acabar con los favores entre jueces y funcionarios políticos. Estos mandatos deben ser revocables por voto popular.

Los juicios que no sean sobre delitos particulares deben ser transmitidos por televisión, el pueblo quiere saber.

Hay que establecer juicios por jurados electos también por voto popular para contrarrestar la arbitrarierdad de los fallos.

Al igual que el resto de los funcionarios públicos, los jueces deben cobrar el salario de una profesora con 20 años de antiguedad, sin jubilciones de privilegio. Además, no deben estar excentos de impuestos.

Se trata de quitarle el poder de decidir a una casta privilegiada que está dispuesta a todo para sostener las injusticias del capitalismo.

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