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Red Internacional

Derechización. Concejala del PC en Arica propone extender militarización a las poblaciones de la ciudad

Las autoridades de la región se han alineado para instalar una agenda derechista de “orden y seguridad”, partiendo desde el Gobernador Jorge Diaz de la Democracia Cristiana, el Alcalde Gerardo Espindola junto a los diputados Vlado Mirosevic y Luis Malla del Partido Liberal, hasta el Partido Comunista con la Concejala Dolores Cautivo, quienes no se diferencian de la política de la UDI con las exigencias de estado de excepción del Senador Durana. Vinculan constantemente migración con delincuencia, buscando fortalecer la política antiinmigrante que lleva adelante el Gobierno y que termina abriéndole paso a todo el discurso xenofóbico de la derecha. Pero la política de militarización como presunta respuesta al crimen organizado ¿a quienes termina afectando?

Camila AcuñaTrabajadora Social y militante de Pan y Rosas

Domingo 14 de agosto | 02:30

La semana pasada partimos abriendo este debate sobre cómo distintas autoridades en la ciudad salieron a plantear políticas de seguridad para “el combate contra la delincuencia” que terminaban fomentando discursos xenófobos y legitimando al aparato represivo estatal. Debido a que señalan que con estas medidas buscan enfrentar al crimen organizado, pero como si fuera un problema de la migración en sí mismo y callando que estas bandas afectan tanto a chilenos residentes como a migrantes de la zona.

El crimen organizado: un peligro para las personas migrantes

Efectivamente se han expresado situaciones ligadas al crimen organizado, que entre sus actividades no solo se limita al tráfico de drogas, si no también el tráfico de migrantes. Esta es la mayor expresión de la descomposición y degradación social de este sistema capitalista. Pero en esta situación el Estado es cómplice, a través de sus jueces y policía, ya que garantiza la impunidad de los sistemas corruptos, donde la única solución es el recambio de los funcionarios, reubicación o dar de bajo, sin arrancar el problema de raíz. Son conocidos los casos de militares y carabineros que han mantenido sus vínculos con bandas y narcos. Incluso la casta política se ha visto involucrada con el narcotráfico, casos como las operaciones del concejal de La Calera Karim Chahuán con uno de los narcos más poderosos de la zona central o el 2019 con la crisis abierta por el narco que no para en el Partido Socialista.

Los diferentes gobiernos presentan la militarización como la respuesta necesaria ante el narcotráfico, pero sigue sin garantizar vidas dignas y acceso pleno a derechos fundamentales como alimento, salud, educación y vivienda, que vuelve a los jóvenes de los poblaciones presas fáciles del crimen organizado.

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En este artículo en particular queremos referirnos a los anuncios de Dolores Cautivo, Concejala del Partido Comunista que se une al gran coro de petición de estado de excepción que significa militarizar distintos puntos en barrios de la ciudad. La línea que tienen hoy autoridades regionales, ha sido ocupar esta aparición del Tren de Aragua para exigir y buscar aplicar más políticas restrictivas, pero a la vez han tenido una nula atención a una crisis migratoria que no solo es a escala nacional sino internacional.

Uno de los argumentos de la Concejala para defender sus dichos tiene relación con que militares darán seguridad en los espacios críticos. Sin embargo, se deja por fuera que son una fuerza que ha sido repudiada los últimos años y mucho antes. Nada garantiza que este tipo de instituciones se aboquen a “combatir” a las bandas organizadas sin vulnerar los derechos y garantías democráticas de las mismas personas que viven en esos sitios donde se pretenden instalar.

Una política no muy distinta a lo que viene planteando la derecha, la semana pasada el Senador José Durana de la UDI declaraba: "es intolerable que la migración irregular siga libremente por nuestros pasos fronterizos y, además, es intolerable que no exista ninguna acción por parte del gobierno para poder tener una agenda de seguridad legislativa”. En plena época de campaña por el rechazo y crisis económica y social, necesitan buscar culpables para responsabilizarlos de las situaciones que aquejan a la clase trabajadora y sectores populares.

Pero los dichos de la Cautivo, van en la linea de la política de Apruebo Dignidad (PC-FA), quienes le han dado continuidad a la política represiva de Piñera. El pasado martes, Gabriel Boric anunció que podría ampliar el Estado de Excepción en dos regiones más al sur del país, lo que extendería la militarización en la región de La Araucanía y la región del Biobío (sur), para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche" cediendo aún más a la agenda de la derecha y los empresarios. Siguiendo esa línea, esta semana la ministra del Interior, Izkia Siches, no descartó decretar Estado de Excepción en la zona norte del país.

A esto se suma que Apruebo Dignidad (PC-FA) vienen preparando una nueva cocina a espaldas del pueblo, junto a las coaliciones Socialismo Democrático (Ex Concertación) publicaron un documento con 5 ejes para buscar tranquilizar a la derecha, los grandes empresarios y los poderosos de siempre, buscando moderar aún más la propuesta constitucional. Entre estos ejes se encuentra la seguridad, donde se comprometen a reponer el represivo Estado de Emergencia.

¿Realmente las fuerzas armadas combaten la delincuencia?

Ante la propuesta de las autoridades locales, sabemos que la salida represiva y la militarización no son una solución para combatir la delincuencia o el crimen organizado. En el fondo lo que buscan con esto es relegitimar a las fuerzas armadas, que fueron fuertemente cuestionadas durante la revuelta del 2019. ¿Qué podemos esperar que un ejército que tiene a varios de sus generales procesados por corrupción y es responsable de violaciones a los DDHH va a poder arreglar una crisis que es estructural?

Finalmente a quienes termina afectando realmente la militarización, que tiene consecuencias nefastas, son los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. Expresión de esto son las denuncias que hicieron los pobladores de la comuna de Colchane mientras se mantuvo el Estado de Excepción en la frontera, quienes acusan malos tratos y hostigamiento por parte del Ejército.

Sin discutir la legalización de las drogas y sin atacar la complicidad estatal con el crimen organizado, todas las medidas que se tomen solo garantizarán la continuidad del narcotráfico con el endurecimiento de la mano dura hacia los sectores populares.

De la misma forma es necesario plantear una salida real a la crisis migratoria, lo que no buscan los partidos de los 30 años y el gobierno. Es urgente un Plan de acogida internacional que mejore las condiciones tanto para migrantes como para las localidades que los acogen, terminar con las deportaciones y la militarización en los pasos migratorios. Garantizar plenos derechos políticos y sociales, porque los que más se benefician de la situación de los migrantes y la precariedad a la que se ven arrojados, son empresarios, que les imponen sueldos miserables y que lo utilizan para presionar la baja de sueldos de los trabajadores de conjunto.

En su visita a Arica, Boric anunció que ya funciona un Comité de Primera Respuesta Migratoria para regular los flujos migratorios de conjunto el desarrollo de un “plan de registro biométrico por una inversión de $2.300 millones de pesos” y hace unos días atrás la secretaría de Estado, Izkia Siches explicó que “hay más de 12 mil millones de pesos disponibles para combatir el crimen organizado“, esto en medio de una situación económica compleja, con inflación, mayor desempleo y salarios que se pulverizan ante el costo de la vida. Hay que apuntar a que todos los recursos que se invierten en represión y fortalecer la frontera, se inviertan en educación, salud y vivienda para migrantes y nativos,

Debemos rechazar fuertemente la militarización y la política represiva del Gobierno de Gabriel Boric que le abre paso a la derecha y su discurso xenofóbico. De la misma forma se vuelve fundamental que las y los trabajadores, mujeres, estudiantes y organizaciones de DDHH, en defensa de los migrantes, sociales, populares y de izquierda tomen en sus manos estas demandas para combatir cualquier intento de criminalización hacia quienes migran.




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