Las recientes declaraciones del presidente abrieron tensiones con los empresarios forestales, quienes ante la leve y tibia apuesta por “regular de forma distinta” este negocio a largo plazo, se alarmaron y remarcaron el "sentido de unidad" por delante.
Domingo 12 de febrero | 04:09
En medio de los devastadores incendios que se han seguido desarrollando en el sur del país y que es un panorama que cada año se vuelve más frecuente, es que se ha abierto a pensar más profundamente cómo prevenirlos, pero al mismo tiempo entender sus causantes.
Un cuestionamiento que cada vez se hace más frecuente y profundo en las personas y en las mismas comunidades que viven en los lugares afectados por estos incendios, quienes buscan medidas que de una vez por todas dejen de poner sus vidas en peligro y frenar la devastación de su entorno.
En este contexto es que Boric, luego de ser emplazado por asistentes en su última rueda de prensa, buscó apaciguar esos ánimos con la tibia e insuficiente medida para enfrentar en el fondo el problema del negocio forestal, declarando abrirse a discutir “a largo plazo” una nueva regulación para las empresas forestales.
Esto también frente a las declaraciones de la alcaldesa de Santa Juana, quien denunció que las empresas forestales no se someten al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y que en exigencia señala la necesidad de hacer una ley corta que establezca estas medidas, para que estas empresas puedan someterse a las normas de impacto ambiental.
A pesar de declarar como gobierno estar volcados a combatir la emergencia, sobre todo haciendo una alianza entre el sector público y el sector privado, señala que debe haber una regulación que permita establecer todas esas prevenciones frente a estos hechos. Considerando como las condiciones climáticas con el paso del año empeoran, aludiendo a cómo ambos sectores deben trabajar de conjunto, pero sin mayor cuestionamiento a cómo funciona el negocio forestal hasta hoy, generando estas consecuencias.
¿Por qué es una declaración tibia e insuficiente?
Porque precisamente busca “regular” o administrar de mejor forma un profundo problema que se arrastra desde la dictadura, donde a través del decreto de ley 701 permitió fortalecer la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado. Implicando la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, transformándose en la base del grotesco aumento de las riquezas de las familias Angelini y Matte, a costa de la devastación del medio ambiente.
Y sobre todo en un contexto de urgencia, donde los recursos para poder abordar este contexto de manera más inmediata, si es que por ejemplo se le pudiera exigir un impuesto progresivo a las grandes empresas como las forestales y no esperar a su voluntad de ayudar.
Donde al mismo tiempo, se hace necesaria una investigación independiente que logre declarar más abiertamente la responsabilidad de estos empresarios forestales en estos hechos, para poder romper con la histórica impunidad con la que operan para saquear todo estos territorios, de los cuales han sido despojadas comunidades mapuche.
Las reacciones de los empresarios frente a estas declaraciones
Ni un día demoraron los empresarios de la SOFOFA para salir a frenar y llamar la atención del presidente Boric, con un comunicado donde calificaron las declaraciones del gobierno como “fuera de contexto”, solicitando “cuidar las confianzas” en un momento donde se requiere la máxima unidad, considerando que no es el momento para empezar a plantear estas discusiones.
Haciendo hincapié que gracias a la capacidad aérea y terrestre que han desarrollado las forestales, no se hubiese podido responder a este escenario y que sin esto, las consecuencias serían mucho peores.
Los empresarios forestales, entre otros, no demoraron ni un día en golpearle la mesa al gobierno indicando que está fuera de contexto discutir esto, liberándose de toda responsabilidad. Es por esto que hacen tanto énfasis en mantener la unidad entre el sector privado y el sector público para controlar la situación y evitar estos comentarios.
Esto expresa el fortalecimiento que viene teniendo el sector de empresarios en el país, al cual el gobierno constantemente ha buscado dejar contentos, buscando impulsar medidas que resguarden sus ganancias, incluso si esto va en contra de las y los trabajadores.
Es por esto, que no podemos esperar que el gobierno responda frente a estos hechos con su profunda línea de adaptación a los empresarios. Se hace urgente un plan de emergencia que responda a las necesidades inmediatas de la catástrofe, financiado con un impuesto a las grandes fortunas, como la de los Matte y los Angelini, que incluya la reconstrucción de las viviendas y garantice el acceso a atenciones y tratamientos médicos para todos los afectados.
Que se lleve adelante una investigación independiente bajo una Comisión Investigadora Independiente, formada por profesionales de las universidades públicas y organizaciones ambientalistas y sociales que tenga pleno poder para determinar el origen y las responsabilidades frente a estas catástrofes que no son naturales, sino más bien sociales.
Debemos impulsar una pelea por acabar con la propiedad del suelo forestal, que es parte de la herencia de la dictadura que beneficia a los empresarios forestales. Será clave la estatización de las forestales, donde sean profesionales, trabajadores, mapuche y comunidades quienes planifiquen la producción de madera, de acuerdo a los intereses de las comunidades y el cuidado del medioambiente, bajo control de sus trabajadores.
