Ya van a cumplirse casi 4 meses desde que las trabajadoras y trabajadores honorarios de los convenios en salud quedaron a la deriva, luego de que se le pusiera fin a sus funciones laborales, aumentando la precarización de la atención primaria en salud, perjudicando a trabajadores y al conjunto de usuarios
El 31 de diciembre del 2022, se le puso fin a las funciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de salud que se mantenían a honorarios en los convenios PRAPS (Programas de Refuerzo a la Atención Primaria en Salud), con los cuales se entrega atención a parte de la población más vulnerable de la ciudad, como lo son niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y migrantes.
Son 20 los convenios que cumplían un rol en las labores de apoyo de la atención primaria en salud, en CESFAM y Unidades Rurales. Dentro de algunas de las atenciones que se desempeñaban están las de salud sexual reproductiva, controles con enfermeras/os, orientación y ayuda desde el trabajo social, atenciones psicológicas desde salud mental, ginecología, entre otras especialidades.
Todo esto se da en un clima bastante complejo para las familias trabajadoras, donde con el aumento de precios se vuelve más difícil llegar a fin de mes. Si bien una de las noticias iniciales era que retomarían las funciones luego de dos semanas o en caso contrario, desde marzo. Esta semana volvieron a aplazar la fecha dejando a las y los trabajadores en una completa incertidumbre, ya con 3 meses sin sueldo y con la noticia de la rebaja de horas, implicando un ataque directo a los bolsillos de las y los trabajadores de conjunto a sus familias.
Otro de los sectores que se ven profundamente perjudicados por esta situación, es el conjunto de usuarios y usuarias, quienes ya conocen la crisis del sistema de salud en carne propia, con listas de espera que muchas veces tienen trágicos resultados y en medio de una alta demanda, sobre todo por el conjunto de enfermedades de todo tipo que vinieron luego de la pandemia, como el deterioro de la salud mental. Los trabajadores y trabajadores de la salud no sobran, no son desechables, hoy cumplen un rol enorme.
En esta línea, desde la Municipalidad de Arica con Gerardo Espindola a la cabeza, quien prefiere seguir destinando millones para fortalecer la agenda de seguridad, otorgando mayores herramientas de represión a la policía y militares. Tiene sus jerarquías claras y no son las trabajadoras y trabajadores.
Y desde el gobierno, Gabriel Boric se llenó de discursos rimbombantes, pero nada ha cambiado, las condiciones de vida han empeorado profundamente estos últimos 3 años. El aumento del presupuesto de salud no es algo que tengan presente, todo lo contrario, los despidos y los trabajo con contratos precarios como los honorarios, solo muestra que quienes han tenido que pagar las consecuencias de la crisis económica, han sido los trabajadores y los sectores populares. Como lo fueron los despidos de honorarios COVID en distintos hospitales como Antofagasta, donde las y los trabajadores buscaron dar una batalla para recuperar sus trabajos.
Es clave rodear de solidaridad a quienes vienen siendo golpeados con esta injusta situación, donde se sigue aplazando el volver a las funciones que son ultra necesarias. Apoyar visibilizando esta situación es una gran ayuda, que en el fondo representa como buscar construir un movimiento que pelee por la defensa de sus puestos de trabajo, la unidad entre trabajadores y usuarios va a ser una carta clave para buscar instalar aún más esta situación, que deja a gran parte de la ciudad sin sus atenciones en salud.
Por la reincorporación inmediata de las y los trabajadores honorarios de los convenios a sus funciones en los centros de salud, por terminar con el trabajo precario e inestable de quienes boletean. Paso a planta y plenos derechos laborales, para quienes han jugado un rol clave y esencial en el sistema de salud, sobre todo estos últimos años.
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