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10% de la AFP: El chantaje de Blumel y Briones vs la utopía de Boric

Ad portas del segundo trámite parlamentario del proyecto de retiro de fondos de las AFP, la desesperación del gobierno y las tibias respuestas de la oposición marcan el panorama político, sumando una presión organizada por parte del empresariado chileno con miedo a perder las ganancias que han obtenido a través de los fondos de pensiones.

Martes 14 de julio | 13:45

El pasado 13 de julio, el titular del Interior, Gonzalo Blumel resaltó la desesperación del gobierno frente al proyecto del retiro del 10% de los fondos de AFP. En ese marco, fue claro con su amenaza: “Si eso pasa, el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo vamos a poder financiar, porque ese acuerdo ya son 12 mil millones de dólares, es una cifra gigantesca”.

A juicio de Blumel, “el proyecto del 10% es malo, va a afectar las pensiones y la forma en que se legisló es muy discutible porque se están atribuyendo facultades del Presidente y de aprobarse esta reforma puede significar un gasto fiscal que hoy no podemos asumir”.

Como es de esperarse, en su evidente chantaje, tanto a la oposición como al mínimo (si es que no nulo) sector de la población que tiene confianza en el Acuerdo Nacional, el titular del Interior no indica que el 80% del presupuesto aprobado son recursos que irán directamente al salvataje de los grandes empresarios (unos US$8.500 millones de dólares), para sostener sus negocios.

Por otro lado, el acuerdo económico que Blumel está usando descaradamente para amenazar a la población, dejará al país con una deuda del 27% actual al 43% del PIB en 2022, eso implica, sólo en intereses de deuda anual, pasar de US$2.500 millones este año a US$4.500 millones en 2024. Deuda que pagarán las nuevas generaciones de trabajadores y sectores populares.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el pasado domingo en entrevista con CNN, dijo que la oposición quebró el acuerdo constitucional alcanzado a fines del año pasado al proponer el retiro del 10% de los fondos previsionales. “En noviembre del año pasado en nuestro país, hubo un acuerdo constitucional, una hoja de ruta constitucional, precisamente para definir si los chilenos y las chilenas querían ir por una nueva Constitución, y qué cosas iban a ir en esa nueva Constitución”, manifestó, aludiendo a un acuerdo firmado entre 4 paredes que tiene el compromiso de no tocar los pilares fundamentales de la institucionalidad y la economía del país.

Entre estos acuerdos y desacuerdos que en nada benefician a la clase trabajadora, lo que esconden ambos ministros es que los 15 grandes grupos económicos nacionales que reciben más inversión de parte de fondos de pensiones perciben $42.159 millones de dólares, desde los fondos controlados por las AFP, según indican los estudios publicados en abril pasado por Fundación Sol.

Así mismo, la carta enviada por los grandes empresarios, firmada por el presidente de la CPC, Juan Sutil, junto con Ricardo Ariztía (SNA), Manuel Melero (CNC), Diego Hernández (Sonami), Bernardo Larraín (Sofofa), Patricio Donoso (CChC), José Manuel Mena (ABIF), Peter Hill (CCS), Joaquín Villarino (Consejo Minero), Rafael Cumsille (Confederación de Nacional del Comercio Detallista) y Juan Pablo Swett (MNE), entre otros, indicando que “la Cámara de Diputados en su votación en particular y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”, clarifica la posición de los dueños del país al ver su cajero automático (AFP) afectado.

En ese sentido, queda claro cuales son los intereses que están en peligro, y hacia dónde hay que dirigir el rumbo para un sistema de pensiones controlado por trabajadores y jubilados, ahora, veamos lo que dice el diputado Boric, en respuesta a algunas de las declaraciones mencionadas más arriba.

"La gente ya recibe pensiones de miseria y eso no pueden olvidarlo", afirma correctamente el diputado de Convergencia Social, enfatizando en que "la prioridad es ayudar a la clase media, por eso presentamos este proyecto y, para que no sea regresivo, lo presentamos en conjunto con la creación de un fondo colectivo que permita compensar en parte lo que significa el daño previsional de eventual retiro".

Así mismo, Boric indica que "la discusión técnica no se puede obviar, no se puede soslayar, es parte importante del debate, pero también hay una situación de humanidad, hay una situación política, hay una situación de necesidad que tiene que estar sobre la mesa".

Efectivamente, el hambre, la cesantía y las suspensiones son una realidad en esta crisis sociosanitaria, como también es una realidad que los empresarios no están dispuestos a aceptar una salida que afecte en lo más mínimo sus ganancias. En torno a esto último, el gobierno ha trazado las políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia y las últimas medidas de “apoyo a la clase media”, que no son más que flexibilización de créditos y bonos, todo en base al gasto fiscal, sin tocar la verdadera riqueza del país que está en manos de unos pocos.

En ese sentido, es utópico pensar que los empresarios cederán ante un proyecto de ley que, aparte de tocar un fondo que, de forma parasitaria, han utilizado para ampliar sus negocios, aumentar sus acciones y maximizar sus ganancias, obligaría también a los empresarios y al Estado a devolver los fondos retirados.

En esa línea, según indica una columna del economista Benjamín Lobos junto con Joaquín Romero, “de aprobarse el retiro del 10% de los ahorros para la jubilación, sin duda que los empresarios buscarán castigar con todas sus fuerzas a los trabajadores, buscando boicotear la medida con sus instrumentos financieros y políticos. Esto es posible precisamente por que seguirán controlando los resortes de la economía”.

Los columnistas agregan que “todas las medidas de ayuda a la clase trabajadora que han sido boicoteadas por el empresariado y la derecha no han sido posibles precisamente por esta institucionalidad heredada de la dictadura que las bloquea y les entrega el resorte de las decisiones a esos empresarios. Mientras esto continúe así, toda medida que se apruebe sólo será parcial y estará constantemente amenazada de ser boicoteada por los que se benefician de este sistema que nos condena al hambre y la miseria”.

Queda claro entonces, que “el principio del fin de las AFP” no podrá tener un rumbo concreto sin atacar directamente la institucionalidad heredada del pinochetismo que, en todos sus aspectos, defiende las ganas de los empresarios. Por ende, un plan de emergencia de salida a esta crisis sociosanitaria, que sea en beneficio de las grandes mayorías trabajadoras que hoy están relegadas a conformarse con bonos y cajas de mercadería, debe ir de la mano con un plan de expropiación a las grandes fortunas.

En ese sentido, el Partido Comunista y el Frente Amplio, están sembrando la ilusión de una vía institucional para las medidas de fondo que realmente beneficien a las y los trabajadores, cuando lo que hoy se necesita es un plan de lucha y un paro nacional indefinido para enfrentar la resistencia empresarial, con el cese de los sectores no esenciales para la pandemia, y en perspectiva de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana para liquidar toda la herencia pinochetista, y, por supuesto, expropiar a los empresarios de las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto controlado por trabajadores y jubilados.






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