Política Chile

INCENDIOS

La industria forestal: plantar pobreza, incendios y precariedad

Los responsables del incendio son el Estado y su servicio a los grandes empresarios forestales (Matte y Angellini) propietarios de 2 millones de hectáreas, que han destruído el bosque nativo para la industria del monocultivo de pinos y eucaliptus.

Pablo Torres

Director La Izquierda Diario Chile / Partido de Trabajadores Revolucionarios

Miércoles 25 de enero de 2017

VIDEO: documental "Plantar pobreza. El negocio forestal en Chile". Realizado por diario Resumen.cl

El Decreto Ley 701 de la dictadura que entregó la tierra a dos familias y destruyó el bosque nativo

Esta es la configuración actual de los “bosques” en Chile: un 75% de las plantaciones son de pino radiata; un 15% de eucalipto; y sólo un 10% nativo. La dominación de los pinos y eucaliptus produce una enorme sequía en la zona, pues en dichas plantaciones se termina con la humedad y el agua producto de la enorme absorción de ella por estos árboles. Secan el territorio, destruyen las plantas, con un enorme pastizal seco susceptible a todo tipo de incendios.

Es conocido que es casi imposible encontrar vertientes de agua o humedad allí donde domina el pino y eucaliptus. Nuestros bosques verdes, con tierras incluso ancestrales del pueblo-nación mapuche, se transformaron en grandes pastizales secos para promover la exportación de celulosa y madera, depredando el ecosistema al servicio de millonarias ganancias de los principales grupos económicos del país.

El Decreto Ley 701 del año 1974, de la dictadura, mantenido hasta la actualidad (con modificaciones parciales) conocida como ley al “fomento forestal”, promueve los subsidios del Estado a los grandes empresarios: con un 75% subsidia (es decir, le entrega millones) las plantaciones de monocultivos de Pinos y Eucaliptos. El Estado fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, y junto a estos millones a las empresas, promueve la destrucción paulatina del bosque nativo sustituyéndolos por plantaciones de pino y eucaliptus rentables para el negocio forestal.

Fue tal el impacto de este regalo del Estado a las empresas que comenzaron a exterminar el bosque nativo. Cuando no era posible cortarlo, muchos lo que hacían era incendiarlo. Son innumerables los incendios para producir plantaciones rentables de pino y eucaliptus. Sólo en La Araucanía se han perdido más de 300.000 hectáreas de bosque nativo. La modificación de la estructura y matriz productiva y de la vegetación natural es impresionante: el bosque chileno se transformó en una gran plantación seca para promover la exportación forestal de un negocio millonario (sin considerar la destrucción por el uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas).

Enriquecimiento de dos familias; empobrecimiento y precariedad del pueblo trabajador

Fue la apropiación de enormes extensiones de territorio nacional centralmente hacia dos grandes monopolios: CMPC, de la familia Matte y Bosques Arauco, del grupo Angellini. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal. Juntas poseen más de 2 millones de hectáreas: Matte 750.000; Angellini 1.200.00. Sostenidas con el despojo al pueblo mapuche, cuyas diversas comunidades no alcanzan siquiera el medio millón de hectáreas. Un saqueo total.

Mientras el grupo Matte (Bernardo, Patricia y Eliodoro) acumula una fortuna de casi 7.000 millones de dólares y el grupo Angellini unos 2.300 millones de dólares; en las zonas forestales, con supuesta abundancia de agua, hay 100.000 personas sin acceso al agua potable, “derecho” accesible sólo mediante camiones aljibes; y es mayor la pobreza (“oficial”) al promedio nacional: en Cautín es de 25% y en Malleco del 35%.

Un Estado al servicio del negocio forestal

¿Por qué no tenemos ese avión cisterna con capacidad de más de 10 mil litros? ¿Por qué no invertir más en aviones y brigadistas? Son preguntas recurrentes ante las críticas por la crítica situación, incontrolada por el gobierno.

Son preguntas que, sin embargo, no atacan la raíz del problema. Hay numerosos problemas “técnicos”: los aviones (y sus discusiones sobre si son necesarios, si su capacidad es óptima para llanuras como las de Chile; si hay capacidad de infraestructura, etc.); el problema de los cortafuegos (pequeños) y la utilización de maquinaria pesada para éstos; el uso de químicos (más caros) para derrotar el fuego; mecanismos de prevención como otra planificación urbana, etc.

Pero el problema va mucho más allá: es un Estado al servicio del capital; un aparato político, legal, judicial, policial y militar que ha estado al servicio (“por la razón o la fuerza”) de la gran propiedad forestal, que ha beneficiado a grandes familias a costa de empobrecimiento de los pueblos aledaños; de la súper-explotación de los obreros forestales que sufren salarios de hambre; del despojo al pueblo mapuche; puesto al límite la destrucción de la naturaleza, los recursos hídricos y los grandes recursos del país, acelerando la contaminación que afecta al pueblo trabajador.

No se trata de aumentar los recursos a CONAF, que es una corporación de derecho privado con recursos públicos; aunque sin duda muchos más recursos deben haber para los incendios (sólo en “control de incendios” el gasto público es la tercera parte de las asignaciones de la Cámara de Diputados).

Fin al negocio forestal y los subsidios (DL 701). Nacionalización de las 2 millones de hectáreas de Matte y Angellini

Junto a un plan nacional de emergencia, imponiendo grandes tributos a las empresas para enfrentar las catástrofes, empleando miles de brigadistas con buenos salarios y sin precariedad, y un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la CONAF y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo.

Hay que luchar por un plan que contemple primero la derogación inmediata del DL 701 del negocio forestal de la dictadura, paralizando las plantaciones; la creación de una institución pública forestal como han reclamado los sindicatos de brigadistas de la Conaf (quienes ponen el cuerpo a estos incendios) terminando la precarización laboral de miles de brigadistas.

Hay que poner fin al negocio de Matte y Angellini nacionalizando las más de 2 millones de hectáreas hoy en sus manos; y que mediante el control de los sindicatos de brigadistas, obreros forestales, comunidades mapuche y poblaciones, se pueda planificar de forma auto-organizada e independiente la producción forestal y un camino transitorio hacia la recuperación del bosque nativo que se ha descompuesto en manos de los empresarios. Junto a ello, la devolución de tierras ancestrales a la nación mapuche es una tarea común de trabajadores y mapuche.

Una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, promovida por la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo, debe discutir y poner en jaque todas estas reglas del juego que han protegido los pilares de la herencia de la dictadura. Sólo un Gobierno de los trabajadores garantizará el verdadero fin del negocio forestal liquidando la propiedad privada sobre los bosques y pondrá todos los recursos del país en manos del pueblo entero bajo su control, sellará la alianza con la nación mapuche y pondrá en pie nuevamente mejores condiciones de ambiente para todo el pueblo y para la recuperación de los bosques nativos y el hábitat.






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